La actriz Elisa Mouliaá se encuentra en busca y captura tras decretarse una orden judicial para dar con su paradero de forma inmediata. El magistrado Arturo Zamarriego ha tomado esta contundente determinación después de que la denunciante de Íñigo Errejón protagonizara su tercer plantón consecutivo ante los tribunales, un desafío institucional que la investigación penal ya califica como un presunto delito de desobediencia a la justicia.
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El lío legal de la presentadora con los juzgados se ha agravado de manera drástica tras confirmarse su incomparecencia en la sede judicial. La intérprete madrileña de 37 años estaba citada para ofrecer su declaración formal, pero prefirió eludir la convocatoria alegando compromisos laborales fuera de las fronteras españolas. Ante esta reiterada actitud de esquivar las vistas, el juez del caso ha cumplido las advertencias que constaban en los apercibimientos previos y ha ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado su localización y arresto inmediato.
La orden de busca y captura emitida por el juzgado de instrucción no es un trámite menor, ya que el auto judicial contempla que dicha medida cautelar de detención estará vigente durante un plazo de cinco años. La justicia busca forzar la comparecencia de la investigada por la vía del bando policial para tomarle declaración y, una vez cumplimentado dicho trámite obligatorio, ponerla de nuevo en libertad si no existen otros motivos legales que lo impidan. El magistrado considera que tres ausencias consecutivas constituyen indicios sólidos de una voluntad clara de eludir la acción de la ley.
A pesar de la gravedad de la situación y del rastreo policial puesto en marcha, la madrileña ha reaccionado de manera desafiante a través de sus plataformas digitales y en declaraciones directas a los medios de comunicación. La actriz se defiende asegurando que se encuentra en una campaña internacional de trabajo y que todo está debidamente justificado: «Yo no me escondo ni estoy en busca y captura. He acreditado que tengo un contrato firmado hasta finales de julio. Mis derechos son los mismos que los de cualquier ciudadano».
Un contrato en el Mar Rojo y la rabieta de las redes sociales
El pretexto esgrimido por la colaboradora de televisión para justificar su plantón del lunes se fundamenta en un acuerdo profesional firmado con anterioridad. Según el bando de la defensa de la actriz, sus obligaciones laborales la mantienen desplazada entre la ciudad de Dubái y diferentes localizaciones del Mar Rojo en un proyecto que se extiende desde el 8 de junio hasta las semanas finales del verano. La intérprete llegó a publicar en sus perfiles que en dichas zonas geográficas las comunicaciones son limitadas o inexistentes, argumentando que esa desconexión le impedía acudir a la cita en Madrid.
Sin embargo, el juez Arturo Zamarriego ha rechazado de pleno estas justificaciones al recordar que se trata de la tercera ocasión en la que la investigada boicotea el avance del procedimiento ordinario. En las dos citas anteriores, la actriz logró el aplazamiento de las comparecencias presentando sendas bajas médicas, una estrategia de dilación que ahora se ha agotado a ojos de la autoridad judicial. La paciencia de la fiscalía y del instructor ha terminado por dinamitarse al comprobar que la modelo cumplió su palabra de no asistir a la vista a pesar de los avisos explícitos de detención que pesaban sobre ella.
Desde su retiro profesional en el extranjero, la presentadora insiste en que su actuación es transparente y que su ausencia está respaldada por la legalidad laboral. Su entorno defiende que no existe intención de fuga ni desprecio a los magistrados, sino una imposibilidad física de romper un contrato internacional vigente. Esta postura contrasta frontalmente con la gravedad del auto judicial, que ya la sitúa formalmente en la lista de personas perseguidas por la justicia dentro del territorio nacional.
El origen del cisma: de la agresión sexual a la querella por calumnias
Para desentrañar los motivos reales de esta fuerte bronca en los juzgados hay que remontarse al año 2024, fecha en la que estalló el escándalo principal de la trama. En aquel momento, la intérprete acudió a las comisarías para denunciar al expolítico Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual que se habría cometido en el año 2021. Aquella denuncia provocó un auténtico terremoto político y mediático, abriendo una causa de instrucción penal que todavía sigue su curso en los tribunales madrileños.
El verdadero vuelco del caso y el origen de la actual orden de detención se fraguó durante el año 2025, en mitad del desarrollo de las primeras declaraciones de los implicados. Durante esa fase del proceso surgieron sospechas sobre supuestos contactos indebidos entre el acusado y varios testigos propuestos por la acusación. Presa de la rabieta, la actriz utilizó sus redes sociales para señalar públicamente al exdirigente del bando político, acusándole directamente de realizar una extorsión y de presionar a los testigos para contaminar sus testimonios y beneficiar su estrategia de defensa.
La respuesta del investigado fue inmediata y contundente. Sus asesores jurídicos interpusieron una segunda querella paralela contra la presentadora por un presunto delito de injurias, calumnias y contra el honor, al considerar que las acusaciones de extorsionador vertidas en internet eran completamente falsas y destructivas. Es en esta segunda causa donde el juez ha citado a la actriz en calidad de investigada para que responda por sus ataques verbales, un procedimiento del que se ha mantenido al margen de forma sistemática hasta provocar la actual orden de busca y captura de las fuerzas de seguridad.