FACUA-Consumidores en Acción ha llevado ante la Agencia Española de Protección de Datos a Española de Telefonía, la compañía de telecomunicaciones que promociona Bertín Osborne. Y no es una denuncia: son varias, presentadas en nombre de usuarios concretos a los que la empresa, sostiene la asociación de consumidores, ni ha facilitado el acceso a sus datos personales ni ha contestado cuando le han pedido que los borre. Personas que entregaron su nombre, su teléfono y su correo únicamente para pedir el alta en algún servicio y que, casi dos meses después, siguen esperando una respuesta que no llega por ninguna de las cuatro vías que la propia compañía pone a disposición del cliente.
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Cuatro puertas y ni una sola respuesta al otro lado
Lo que la asociación pone encima de la mesa del regulador son los llamados derechos ARCO, las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el mecanismo legal que permite a cualquier consumidor saber qué datos suyos almacena una empresa, corregirlos si están mal y exigir que desaparezcan. FACUA sostiene que Española de Telefonía no atiende los requerimientos vinculados a esos derechos y que tampoco facilita a los afectados el acceso a la información personal que tiene guardada sobre ellos. Son ciudadanos que se limitaron a interesarse por una tarifa de la marca que Bertín Osborne puso en el mercado y que, sin haber llegado a ser clientes de nada, se han encontrado con sus datos dentro de una empresa que no descuelga. La asociación ha registrado por ello varias denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, el organismo que tiene la potestad de abrir expediente sancionador cuando una compañía vulnera la legislación española de protección de datos y el reglamento europeo, y que decide caso por caso si hay infracción y de qué gravedad.
El detalle que convierte el episodio en algo más que un papeleo mal llevado está en la puerta de entrada. FACUA denuncia que la operadora que promociona Bertín Osborne es la única empresa del sector de las telecomunicaciones en la que el usuario no puede darse de alta de forma telemática, de manera que quien quiere contratar no tiene más remedio que facilitar sus datos y esperar a que alguien le llame. Los afectados en cuyo nombre se han presentado las denuncias probaron el correo electrónico de la compañía, rellenaron el formulario de la página web, llamaron a los teléfonos de información y escribieron al servicio de atención por WhatsApp. Cuatro canales distintos, todos ellos anunciados por la propia marca, y el mismo resultado en los cuatro: silencio. Casi dos meses después de haber entregado sus datos personales para solicitar el alta, la empresa sigue sin contestar ni a la contratación que ellos pidieron ni a la supresión que reclaman ahora, según el relato de la organización.
Ni operador ni compañía: el negocio que revende lo que levantan otros
Junto a la denuncia llega un segundo dato que desmonta buena parte del relato comercial de la marca. La asociación ha contrastado que Española de Telefonía no figura en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el censo obligatorio en el que aparecen las empresas que operan de verdad en el sector español. Y no figura porque, según la organización de consumidores, el negocio «no es más que un revendedor de servicios de terceros»: revende servicios de Movistar que a su vez le proporciona Aire, una empresa tecnológica que actúa como intermediaria entre ambas partes y que pertenece al fondo de capital riesgo francés Ardian. La red por la que viajan las llamadas de sus clientes, por tanto, no es suya, y el eslabón que se la sirve tampoco es español.
El dato choca de frente con el escaparate publicitario con el que la marca salió al mercado. Española de Telefonía se vendió con el lema «Las cosas bien hechas, las cosas a derechas» y con reclamos como «orgullosamente españoles, comprometidos con España», además de la promesa de ofrecer «servicios premium exclusivos» y la garantía de que cada euro invertido en sus servicios permanece en España. Detrás de la marca comercial está la sociedad EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL, la mercantil a la que apuntan todas las denuncias presentadas hasta la fecha. Bertín Osborne es la cara y la voz del proyecto, el nombre que lo abrió y el que lo sostiene en el escaparate, pero el papel que ocupa en la estructura societaria de esa empresa no es el que la publicidad hace suponer: él mismo ha explicado que el proyecto lo puso en marcha junto a otros cuatro profesionales, de los que no ha dado más detalles que sus nombres de pila.
Denuncias, no condenas: qué puede hacer ahora el regulador
Hay que decirlo con toda la claridad posible, porque el ruido acumulado invita a confundir las cosas: lo que existe sobre Española de Telefonía son denuncias, no resoluciones. No hay sanción firme, no hay expediente resuelto, no hay cierre ni condena de ninguna clase, y la empresa mantiene su actividad con absoluta normalidad. Lo que se ha producido es que un tercero identificado, una asociación de consumidores con décadas de recorrido y con una trayectoria conocida de denuncias contra operadores de telefonía, ha trasladado unos hechos a la autoridad competente para que sea ella quien decida. A partir de aquí, la Agencia puede archivar el asunto, requerir información a la compañía, admitir a trámite las reclamaciones o abrir un procedimiento sancionador, y solo al final de ese camino, si es que llega, habría una infracción declarada.
El material que se pone encima de esa mesa no es una queja genérica sobre el trato al cliente. Son datos personales de ciudadanos identificados, entregados voluntariamente a una empresa para pedir el alta en un servicio, y peticiones formales de acceso y de supresión que, según la asociación, llevan casi dos meses sin contestar por ninguna de las vías que la propia compañía anuncia. Las denuncias se han presentado en nombre de esos usuarios, uno a uno, y no como una denuncia genérica de la organización, lo que obliga a la Agencia a examinar casos concretos con nombres y apellidos detrás. Y llegan además sobre una empresa que, según la propia asociación, no aparece en el registro de operadores por no ser operadora, sino revendedora de servicios de terceros.
De la publicidad engañosa a la Fiscalía: el goteo que ya venía rodando
La denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos no llega sola. FACUA ya había denunciado a la nueva operadora de telecomunicaciones de Bertín Osborne por vulnerar hasta cinco leyes, con publicidad engañosa y un cúmulo de irregularidades nunca visto en el sector. Cinco días después, la asociación llevó el caso a la Fiscalía por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa, señalando una prueba de velocidad que, sostiene, hacía creer al usuario que su conexión era hasta veinte veces más lenta de lo que realmente era. El 26 de junio, mientras la teleco retiraba de su web la publicidad del «precio imbatible» y aquel test de velocidad, Bertín Osborne llamó a la asociación «retrasados» y «gilipollas» al ser preguntado por varias periodistas: «me la soplan las críticas, sobre todo de los retrasados», dijo, y añadió que «los gilipollas no me hieren para nada». En esa misma comparecencia aseguró que el centro de llamadas de la empresa tenía «200 trabajadores», una plantilla que la asociación situó en la horquilla propia de una compañía con cerca de 700.000 clientes.
El goteo no paró ahí. El 30 de junio llegó la quinta denuncia, esta vez por vulnerar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, porque el número habilitado para atender a los consumidores no permitía en ningún momento hablar con un operador humano; el 1 de julio se hizo público que la empresa no era una compañía de telecomunicaciones sino un revendedor; y ya antes, el 23 de junio, la asociación había rastreado el origen del negocio hasta un empresario que había montado con el diestro El Cordobés una energética que terminó en Concurso de acreedores. Sobre las denuncias presentadas ahora ante Protección de Datos no ha habido, por el momento, reacción pública alguna: ni la empresa ni Bertín Osborne han respondido, y el cantante —que apenas hace unos días reapareció sobre un escenario en Starlite tras meses de problemas de salud— no se ha pronunciado sobre este último frente. Su única respuesta conocida a la asociación sigue siendo aquella de finales de junio.