El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda de conciliación, paso previo a una querella, contra el diario digital eldiario.es, su director Ignacio Escolar y las periodistas Ana Requena y María Ramírez, acusándolos de orquestar un montaje para lucrarse a costa de su reputación.
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Julio Iglesias ha decidido romper su silencio judicial ante lo que considera una campaña sistemática de desprestigio. La defensa del artista, encabezada por el prestigioso penalista José Antonio Choclán, ha presentado un escrito de demanda para un acto de conciliación dirigido contra Ignacio Escolar, director de eldiario.es, y parte de su equipo directivo y editorial. Esta acción legal surge tras la publicación de una serie de informaciones sobre presuntos abusos a dos exempleadas, que derivaron en una denuncia ante la Audiencia Nacional por supuesta agresión sexual y trata de seres humanos, causa que finalmente fue archivada por el Ministerio Público al declararse incompetente.
Según el escrito adelantado por Libertad Digital, el cantante sostiene que el medio no realizó una labor informativa puntual, sino un «linchamiento mediático» ejecutado a través de un espacio específico titulado «Investigación Julio Iglesias». Para la defensa, este despliegue por capítulos tenía como único fin difamar a la estrella y obtener un beneficio económico, vinculando la publicación de estas noticias con peticiones de fondos a suscriptores.
Exigencias de rectificación e indemnizaciones millonarias
El entorno de Iglesias califica lo ocurrido como un «montaje periodístico» y una «flagrante lesión de sus derechos fundamentales». Por ello, la demanda no solo se dirige contra Escolar, sino también contra figuras clave del diario como Ana Requena (Jefa de Género), María Ramírez (Subdirectora) y Elena Cabrera (Jefa de Cultura). En el acto de conciliación, el artista exigirá:
- El reconocimiento público del comportamiento ilícito y del daño producido.
- La rectificación inmediata de las informaciones calificadas como «calumniosas».
- La eliminación definitiva de las noticias que le vinculan con el maltrato.
- Un compromiso de no volver a publicar contenido difamatorio en el futuro.
- Una indemnización solidaria que, según el escrito, alcanzará «cifras de importante cuantía económica» proporcionales al impacto del daño causado a su honor.
