Once años después de romper con el hombre en el que había depositado toda su confianza, Belén Esteban ha ganado la partida definitiva. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a Toño Sanchís por un delito continuado de apropiación indebida y ha desestimado íntegramente el recurso con el que su exrepresentante defendía su inocencia. La cifra que la sentencia da por probada es demoledora: se quedó con más de 475.571 euros que eran de ella.
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La pena queda fijada en dos años de cárcel y siete meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses, además de la obligación de indemnizar a la colaboradora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. La Sala rechaza también el recurso de la acusación particular, de modo que el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid se mantiene tal cual estaba.
El mecanismo: un 20% pactado y comisiones infladas en la sombra
Los hechos declarados probados, que la Sala de apelación acepta por completo, arrancan el 13 de mayo de 2009. Ese día la televisiva firmó un contrato de representación artística con la Agencia de Servicios Lorant, la sociedad que él administraba realmente. El acuerdo era diáfano: la agencia cobraba todos los honorarios por cesiones de imagen y colaboraciones, se quedaba una comisión del 20% y transfería el 80% restante a la sociedad de la colaboradora. Todo se sostenía sobre la confianza: él gestionaba el día a día y ella no supervisaba los cálculos.
Ahí estaba la grieta. Desde poco después de la firma y hasta 2015, el representante empezó a aplicar comisiones superiores al 20% pactado. El método era sencillo y silencioso: indicaba a la gestoría cantidades inferiores al 80% que le correspondían a ella, facturaba a favor de la sociedad de la colaboradora una cifra menor de la debida y se apropiaba de la diferencia. Sin escándalos, sin discusiones y sin que nadie mirara los números.
Con esa técnica, según detalla la sentencia, se apoderó de 362.248,14 euros procedentes de contratos con productoras y medios como Gestmusic Endemol, Furiezza, RBA Lecturas, Cosmetics Galeno o La Fábrica de la Tele, siendo este último el más cuantioso de todos con 164.748,21 euros. A eso se sumaron 12.100 y 14.520 euros de dos facturas que retuvo sin llegar a presentarlas al cobro, y otros 86.703,48 euros detectados después en la pieza de rendición de cuentas. Total: más de 475.000 euros.
Once años de batalla y un dinero que sigue sin aparecer
Cuando el contrato terminó en 2015 y él se negó a rendir cuentas, ella rompió toda relación y se fue a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrejón de Ardoz y la Audiencia Provincial condenaron a la agencia a rendir cuentas y pagar 388.868,14 euros. Pero cobrar es otra historia: en ejecución solo se recuperaron 49.318,33 euros en efectivo y una vivienda adjudicada, tasada en 375.000 euros pero gravada con hipoteca, cuyo importe neto real tras la venta deberá acreditarse ahora en ejecución penal.
La sociedad, mientras tanto, entró en Concurso de acreedores en 2020 y acabó extinguiéndose. Un detalle nada menor de la sentencia desmonta además el reparto de papeles dentro de la empresa: el condenado era el administrador de hecho, el que calculaba los porcentajes, daba instrucciones a la gestoría y decidía el destino del dinero retenido de más, mientras que la administradora formal, su esposa, se limitaba a firmar documentos.
El TSJM desmonta el recurso punto por punto
La defensa lo intentó por dos vías y perdió por las dos. Alegó falta de motivación de la sentencia anterior, y la Sala responde recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la tutela judicial efectiva para concluir que el fallo de la Audiencia estaba motivado de forma suficiente, detallada y nada arbitraria. Alegó también vulneración de la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, y aquí los magistrados fueron todavía más contundentes.
Tras un examen exhaustivo, la Sala confirma que existe prueba de cargo suficiente y obtenida con todas las garantías: la documental (contrato, facturas, informes contables), la pericial y las declaraciones de la querellante y de los testigos. Esas pruebas acreditan tres cosas que hunden el recurso: que el contrato fijaba una comisión del 20%, que no hubo ninguna novación posterior que justificara cobrar más, y que él dispuso del dinero con ánimo de lucro actuando como administrador de hecho.
El desenlace deja una imagen que resume una década larga de pleitos. Él, que en sus últimas apariciones ante las cámaras se mostraba convencido de poder demostrar su inocencia, no se ha pronunciado todavía sobre la sentencia. Ella, que convirtió este asunto en una cruzada personal cuando casi nadie daba un duro por su causa, tiene por fin un fallo firme que dice, negro sobre blanco, que llevaba razón. Queda lo más difícil: ver cuánto de esos 475.000 euros llega a recuperar de verdad.