El «universo Julio Iglesias» se resquebraja bajo el peso de una investigación que va mucho más allá de lo mediático para entrar en el terreno de lo presuntamente delictivo. Según una exclusiva de elDiario.es a la que ‘Vibras en Corte‘ ha tenido acceso, el cantante habría trasladado a varias empleadas domésticas desde República Dominicana a su mansión de Marbella utilizando visados de turista para eludir la normativa laboral española. Sin contrato, sin Seguridad Social y con sueldos que en algunos casos apenas rozaban los 340 euros mensuales por jornadas de 12 horas, el relato de las víctimas dibuja una situación de «servidumbre» en pleno siglo XXI que ya está bajo la lupa de expertos jurídicos.
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La carta, fechada el 6 de julio de 2021 y dirigida al consulado español en República Dominicana, comienza con un tono de cercanía: «Querido Cónsul, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados para mis empleados». En ella, Julio Iglesias admitía abiertamente que el personal viajaba para «atender a su familia». Sin embargo, lo que se tramitó no fue un permiso de trabajo, sino un visado Schengen tipo C, diseñado para turismo o negocios, que prohíbe taxativamente cualquier empleo remunerado en suelo europeo.
Una «zona gris» que oculta condiciones precarias
A pesar de que el excónsul en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea, defiende que este procedimiento es «frecuente» para personal doméstico temporal, las condiciones denunciadas por las trabajadoras chocan frontalmente con el Estatuto de los Trabajadores en España:
- Sueldos fuera de la ley: Mientras el SMI en España para 2021 era de 965 euros, testimonios como el de «Carolina» (nombre ficticio) aseguran haber cobrado 25.000 pesos (unos 340 euros) por atender la mansión marbellí donde residían Miranda Rijnsburger y sus hijos.
- Jornadas interminables: Relatan turnos de más de 12 horas diarias, ejerciendo simultáneamente como cocineras, camareras y limpiadoras, con apenas un día de libranza en dos meses.
- Privación de libertad: Las denunciantes coinciden en que no se les permitía salir libremente de la propiedad, viviendo en un régimen de internado estricto y sin posibilidad de relacionarse con el exterior.
El testimonio de Carolina: «Fue la gota que colmó el vaso»
Carolina relata que su llegada a España fue presentada como una «oportunidad única», pero la realidad fue un encierro laboral. Tras meses sin ver a su hija pequeña en Punta Cana —a quien solo pudo ver 10 días tras una autorización excepcional del artista—, el traslado a Marbella supuso un aumento de la carga de trabajo sin mejora salarial.
«Realmente en España fue mucho más difícil para mí. Tenía que trabajar en la cocina, en las habitaciones… todo el día era lo mismo», confiesa la trabajadora, quien finalmente tuvo que inventar un embarazo para que se le permitiera abandonar el servicio de Iglesias y regresar a su país. Según su relato, el propio cantante intentó retenerla advirtiéndole que estaba perdiendo una oportunidad irrepetible.
Implicaciones legales: ¿Trata con fines de explotación?
Expertos en extranjería y derecho penal consultados señalan que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos graves. La jurista Adilia de las Mercedes apunta a indicios de trata con fines de explotación laboral, dada la situación de servidumbre y la vulnerabilidad de las mujeres. Por otro lado, la utilización de visados de turista para fines laborales declarados en una carta oficial podría derivar en investigaciones por tráfico de influencias o prevaricación administrativa.
Julio Iglesias, a través de comunicados previos, ha negado tajantemente haber abusado o faltado al respeto a ninguna mujer, calificando las acusaciones de «absolutamente falsas». Sin embargo, el silencio del artista y su equipo legal ante las preguntas directas sobre estos contratos y visados aumenta la presión sobre una figura que, hasta ahora, parecía intocable.
En Vibras en Corte seguiremos informando sobre el avance de esta investigación que pone en entredicho no solo la ética del cantante, sino la eficacia de los controles consulares y la protección de los derechos humanos en el ámbito doméstico.