Lo que empezó en 2004 con un vestido de novia ha terminado en una sentencia penal firme. El diseñador Miguel Palacio ha sido condenado como autor de un delito de acoso contra Alejandra Conde, hija de Mario Conde, en una resolución dictada el pasado 13 de julio por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid y que ha adelantado Vanitatis. La pena: multa de 16 meses con una cuota diaria de nueve euros y prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros o comunicarse durante dos años. No hubo juicio: el propio diseñador aceptó los hechos, la calificación jurídica y la pena que pedía el Ministerio Fiscal, de modo que la sentencia quedó firme ese mismo día.
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Veintidós años de amistad que empezaron en una boda
Para entender el tamaño de esta caída hay que mirar de dónde venían los dos, porque no eran conocidos ni socios circunstanciales. La relación se consolidó en 2004, cuando Miguel Palacio firmó el vestido con el que Alejandra Conde se casó en la finca familiar de Los Carrizos. A partir de ahí el vínculo fue creciendo hasta convertirse, según fuentes cercanas citadas por ¡HOLA!, en una relación «casi como hermanos». Llegaron a compartir techo durante una etapa de sus vidas y ambos se consideraban familia. Dos décadas largas de confianza que en los peores momentos del diseñador se tradujeron en algo muy concreto.
Cuando el modisto atravesó una etapa especialmente complicada, fue ella quien lo sostuvo. Le abrió las puertas de distintas propiedades familiares y apostó por relanzar su carrera montando un proyecto empresarial a su medida: Corona Luxury, una sociedad creada para levantar de nuevo la marca Miguel Palacio, con Alejandra Conde al frente de la gestión comercial y administrativa. Durante aquellos primeros meses el diseñador no ocultó en público el agradecimiento que sentía hacia quien había depositado esa confianza en él. Esa es exactamente la relación que la sentencia de este mes certifica como destruida.
Octubre de 2021: la discusión que lo rompió todo
El punto de inflexión llegó en octubre de 2021. Una discusión acabó de golpe con la sociedad y con la amistad, y a partir de ese momento arrancan los hechos que la resolución judicial recoge. El desencadenante concreto, según la sentencia, fue que Miguel Palacio supo que debía abandonar una de las viviendas propiedad de la familia Conde. Desde entonces inició una sucesión de mensajes, audios y publicaciones dirigidos contra ella que el tribunal considera probada y que se prolongó durante aproximadamente siete meses.

La conducta que describe el fallo no se limitó al ámbito privado, y ese es un detalle que conviene subrayar porque es lo que la convierte en acoso y no en una bronca entre exsocios. Incluyó, según la resolución, la difusión de conversaciones privadas, contactos con personas del entorno de Alejandra Conde e intervenciones en medios de comunicación. Es decir: el conflicto se llevó deliberadamente a terceros y a la esfera pública. Siete meses de una presión sostenida y multicanal sobre la persona que años antes le había abierto su casa.
La frase que pesa en la sentencia: prender fuego a la casa
Entre los hechos que recoge la resolución hay uno que destaca por encima del resto y que explica por qué esto acabó en lo penal y no en un pleito mercantil. En marzo de 2022, el diseñador envió un mensaje a un amigo de la empresaria en el que llegó a afirmar que prendería fuego a la vivienda familiar con sus ocupantes dentro. No se trata de una interpretación de nadie: figura en el fallo como hecho aceptado por el propio condenado al conformarse.
Las consecuencias que la sentencia atribuye a todo aquello están descritas con precisión y son la razón de ser de la condena. Según el fallo, la situación provocó en Alejandra Conde «gran temor, desasosiego e incertidumbre», hasta el punto de obligarla a modificar algunas de sus rutinas diarias y a recibir asistencia psicológica. Ese es el daño que el tribunal considera acreditado, y es también lo que sitúa el caso en un terreno distinto al de una ruptura empresarial agria. Hubo miedo, hubo cambios de vida y hubo tratamiento.
Por qué no llegó a celebrarse el juicio
El procedimiento terminó sin que se practicara una sola prueba. Antes de que el juicio arrancara, Miguel Palacio aceptó los hechos, la calificación jurídica y la pena que pedía el Ministerio Fiscal, a la que se adhirió también la acusación particular. Esa conformidad hizo que la sentencia adquiriera firmeza el mismo día y cerró de golpe cinco años de conflicto judicial. En términos prácticos significa que no hay recurso posible y que no habrá una versión alternativa de los hechos: la que consta es la que él mismo ha admitido.
Hay además un matiz sobre la pena que conviene explicar, porque puede llevar a confusión. La multa de 16 meses a nueve euros diarios sigue en pie, pero la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la de comunicarse con ella durante dos años ya se consideran cumplidas: estuvieron vigentes como medidas cautelares durante todo el procedimiento. Es decir, el diseñador llevaba años sin poder acercarse a Alejandra Conde mientras el caso se resolvía, y ese tiempo se le computa.
«Como un divorcio»: la versión del entorno del diseñador

Tras conocerse la resolución, ¡HOLA! habló con personas próximas a Miguel Palacio, que sitúan la conformidad en el terreno del arrepentimiento y no en el del cálculo procesal. «Lo ha pasado muy mal porque eran muy amigos y lamenta profundamente haber reaccionado así», explican esas fuentes. Añaden que el modisto «le desea lo mejor» a la empresaria y que su intención es pasar página, y describen aquella ruptura con una comparación que resume la intensidad del vínculo: fue para él «como un divorcio». Del lado de Alejandra Conde no ha habido pronunciamiento público tras la sentencia.
El desenlace llega en un año movido para ella, que ya había ocupado titulares por otros motivos: en marzo su relación con Colate Vallejo-Nágera se rompió tras un año. Ahora se cierra el otro frente, el que venía de mucho más atrás y era mucho más personal. Queda una lectura difícil de esquivar: una amistad de veintidós años, una empresa levantada para ayudar a un amigo en horas bajas y un final con orden de alejamiento, asistencia psicológica y una condena firme aceptada por quien la recibió. Y todo, según la sentencia, a partir del día en que tuvo que dejar una casa que no era suya.
