La sombra de la sospecha sobre Sálvame ha mutado en una acusación formal de extrema gravedad. La Fiscalía ha solicitado penas que alcanzan los 12 años de prisión para los principales cabecillas de una red de filtraciones ilegales que sacudió los cimientos de Telecinco. En el epicentro del escándalo se sitúan el paparazzi Gustavo González y el agente policial Ángel Jesús Fernández Hita, señalados por una trama de descubrimiento y revelación de secretos que ha dejado más de 80 víctimas famosas en su camino hacia el banquillo.
Te recomendamos
Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales: «Tengo madre, que eso es muy importante hoy en día» y amenaza con demandas por el anuncio
Editorial: Prepotencia frente al periodismo libre: El límite inquebrantable de este medio a pesar de Alba Carrillo
Última Hora: Kiko Rivera sentencia el desprecio de Irene Rosales: «La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko»
Primicia: Gerard Arias estalla contra Miguel Frigenti tras ser acusado de «reventado y mentiroso»
La investigación, que ha permanecido bajo el radar judicial durante casi una década, revela un ‘modus operandi’ sistemático para obtener información privilegiada de las bases de datos de la Policía Nacional. Según el escrito de acusación adelantado por Confidencial Digital, el Ministerio Fiscal no solo busca penas de cárcel, sino también una inhabilitación profesional que apartaría definitivamente a los implicados del sector de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad.
Un origen policial que dinamitó el universo Mediaset
El origen de este terremoto judicial se remonta a abril de 2017. Fue entonces cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encendió todas las alarmas tras detectar que en el plató de Sálvame se estaban manejando datos exactos de un atestado policial referido a José Fernando Ortega Mohedano. Lo que comenzó como una auditoría interna terminó destapando un acceso injustificado y masivo a bases de datos de acceso restringido, como el sistema SIDENPOL.
El engranaje era, presuntamente, tan sencillo como ilícito: el funcionario Ángel Jesús Fernández Hita habría consultado de forma recurrente antecedentes, denuncias y datos filiatorios de celebridades entre 2009 y 2018 para facilitárselos a Gustavo González. El paparazzi, aprovechando su posición como colaborador en programas de televisión y revistas del corazón, habría utilizado esta información para generar contenidos con ánimo de lucro. La Fiscalía ha tipificado más de 140 delitos relacionados con esta revelación de secretos, subrayando la especial gravedad de utilizar información sensible para el espectáculo mediático.
Penas de inhabilitación y multas de seis cifras
El castigo que solicita el Ministerio Público es ejemplarizante. Para el agente Fernández Hita, se piden hasta 4 años de prisión por cada delito grave y una inhabilitación absoluta de 12 años, lo que supondría el fin de su carrera en el cuerpo. Por su parte, Gustavo González se enfrenta a peticiones de hasta 5 años en los supuestos agravados por lucro, además de la prohibición expresa de ejercer como periodista o colaborador de medios. Iván Caveda Valle, otro de los implicados en la red de filtraciones, también encara peticiones de hasta 4 años de cárcel por cada delito atribuido.
No obstante, la realidad penitenciaria vendrá marcada por el artículo 76 del Código Penal, que limita el cumplimiento efectivo al triple de la pena más grave. A pesar de que la suma técnica de los delitos podría disparar la petición a cifras astronómicas, la Fiscalía ha centrado su estrategia en los 12 años de prisión como horizonte punitivo máximo. Mientras tanto, figuras clave de la antigua cúpula del programa, como David Valldeperas, Óscar Cornejo o Adrián Madrid, han quedado desligadas de la causa principal o ven cómo se solicita el sobreseimiento de sus actuaciones, centrando el foco judicial exclusivamente en la obtención ilícita de los datos.
El desfile de víctimas y la responsabilidad civil
La lista de afectados parece un «quién es quién» del panorama social español. Más de 80 personas, entre las que destacan nombres como Isabel Pantoja, Belén Esteban o Arantxa Sánchez Vicario, figuran como perjudicadas en el proceso. Para ellas, la Fiscalía reclama indemnizaciones que parten de un suelo de 3.000 euros por persona, cifra que podría dispararse en función de los daños morales que se acrediten durante la vista oral.
En este punto entra en juego la responsabilidad civil subsidiaria. Si los acusados no pueden hacer frente a los pagos, empresas como La Fábrica de la Tele o Zoom Ediciones (responsable de la revista Rumore) tendrán que asumir el coste económico de las filtraciones. Este matiz financiero supone un último golpe a la productora que dominó las tardes de Telecinco durante 14 años, vinculándola judicialmente a una de las prácticas más controvertidas de la historia de la crónica social.
Rumbo a un juicio histórico en 2027
Con el escrito de acusación ya formalizado, el Caso Sálvame encara su recta final hacia la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid. Las pruebas acumuladas son abrumadoras: intervenciones telefónicas, audios de WhatsApp captados entre 2017 y 2018 y un rastro digital de accesos ilegales que difícilmente podrán ser rebatidos por las defensas. Dada la congestión de las agendas judiciales, se espera que el banquillo se instale definitivamente en el segundo semestre de 2027. Para entonces, habrán pasado diez años desde que Asuntos Internos tirara de la manta, cerrando un ciclo donde el derecho a la información y el Derecho a la intimidad colisionaron de la forma más amarga posible para la industria del entretenimiento.