Las dos extrabajadoras que ya habían denunciado a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han dado un paso más y han presentado en España una querella contra el cantante por presuntos delitos sexuales y de trata. El escrito ya está en manos de la Justicia española, que tiene ahora que decidir si lo admite a trámite y abre una investigación sobre unos hechos que las denunciantes sitúan en 2021 y fuera de nuestras fronteras.
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Una querella presentada el 3 de septiembre ante el Tribunal Central de Instancia
Las dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, presentaron el pasado 3 de septiembre una querella contra Julio Iglesias ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en la Audiencia Nacional. Lo ha dado a conocer este viernes Women’s Link Worldwide, la organización que las representa y que ha difundido un comunicado con el contenido del escrito. Las querellantes trabajaban para el cantante cuando ocurrieron los hechos que denuncian: una era empleada del servicio doméstico y la otra, su fisioterapeuta personal. Sitúan lo que relatan en 2021 y en dos propiedades del artista fuera de España, la de Punta Cana, en República Dominicana, y la de Lyford Cay, en Bahamas. Es el mismo caso que llevaron el pasado enero ante la Fiscalía, aunque ahora cambia la puerta a la que llaman y cambia la figura jurídica: ya no es una denuncia, es una querella, y con ella las dos mujeres se convierten en parte del procedimiento.
Lo que sostienen en el escrito, y que hay que leer siempre como la versión de las querellantes, es que el artista aprovechó «su posición de poder» y la «vulnerabilidad» de las dos mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, «en un clima de intimidación constante». Ambas afirman que las sometió a «situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas» y que les impuso «condiciones laborales forzadas y degradantes». No hay por ahora ninguna declaración de culpabilidad ni pronunciamiento judicial sobre el fondo: son hechos denunciados, y el tribunal todavía tiene que decidir si los investiga. Julio Iglesias ha negado desde el principio las acusaciones y ha llevado a los tribunales tanto al medio que publicó la investigación como a la ministra que la comentó en redes.
Cinco bloques de presuntos delitos y una petición de protección
El escrito no se limita a los delitos sexuales. Según la organización que representa a las dos mujeres, los hechos que relatan «podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas». Son cinco bloques distintos y esa acumulación no es un detalle menor: coloca el asunto en el terreno de la trata y del trabajo forzado, que es precisamente el que permite discutir si la Justicia española puede o no perseguir unos hechos ocurridos en el extranjero. Junto a la querella, las dos mujeres han pedido además acceder a medidas de protección específicas mientras dure el acompañamiento en su búsqueda de justicia.
«Garantizar que Rebeca y Laura puedan acceder a la Justicia en condiciones de seguridad y dignidad es fundamental. Las mujeres que denuncian y alegan hechos relacionados con violencias de género, incluyendo la violencia sexual y las dinámicas de abuso de poder que la sostienen, necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia», ha señalado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización. A partir de aquí el calendario ya no depende de las querellantes. Un tribunal especializado tiene que revisar la información que se le ha puesto en conocimiento y determinar si inicia una investigación, es decir, si admite el escrito a trámite. Puede hacerlo, puede volver a archivarlo por el mismo motivo que en enero o puede pedir antes que se concreten extremos del relato.
El fondo vuelve a ser dónde se juzga, no qué se juzga
La querella contra Julio Iglesias reabre un debate que va más allá del cantante: hasta dónde alcanza la jurisdicción española cuando el presunto delito lo comete un ciudadano español fuera de España. Ese es el muro contra el que se estrelló la denuncia inicial, y es el terreno en el que se juega esta segunda intentona. La Fiscalía archivó las actuaciones al dictaminar que España carecía de jurisdicción territorial, con un argumento de tres patas: los presuntos delitos ocurrieron en el extranjero, las denunciantes tampoco son españolas y no residen en el país. Que ahora el escrito ponga por delante la trata de seres humanos apunta justamente ahí, porque es una de las materias en las que la ley española contempla perseguir hechos cometidos fuera del territorio nacional.
La decisión no es automática ni inmediata, y de ella depende que el caso exista o no en España. Si el tribunal admite la querella, el asunto entra en fase de instrucción y las dos mujeres pasan a ser parte activa del procedimiento, con capacidad para pedir diligencias. Si no la admite, el procedimiento no llega a abrirse y la denuncia se queda donde estaba.
Ocho meses de pulso judicial antes de llegar hasta aquí
El caso salió a la luz el pasado enero a raíz de una investigación periodística impulsada por ElDiario.es y Univision, y desde entonces el exmarido de Isabel Preysler no ha dejado de mover ficha. Pidió personarse en la causa y se lo denegaron; después reclamó al menos el acceso a la documentación, alegando su abogado que sin poder leer la denuncia no podía defenderse. La Fiscalía volvió a negarse, él recurrió y en junio la magistrada le dio la razón, como contamos cuando la Audiencia Nacional obligó a entregarle la denuncia, después de que una jueza ya hubiera avalado antes su recurso para acceder a lo actuado.
En paralelo abrió dos frentes más. Uno contra Yolanda Díaz, que escribió en Bluesky sobre los «escalofriantes testimonios de las extrabajadoras»; el acto de conciliación se celebró el 19 de mayo, la ministra de Trabajo se negó a retractarse y el artista acabó acudiendo a la vía civil. El otro, contra el periódico que destapó el caso y contra su director, Ignacio Escolar, por lo que su abogado, José Antonio Choclán, describió como un «montaje periodístico»: así lo adelantamos cuando pasó a la ofensiva legal y así terminó, con el medio negándose a retractarse en el juzgado.