Elisa Mouliaá se queda sin causa penal encima. El juez Arturo Zamarriego ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la investigación por presuntas calumnias que abrió a raíz de la querella del exdiputado Íñigo Errejón contra la actriz. El magistrado concluye que la intérprete no le atribuyó «actos o conductas delictivas concretas», sino que expuso «juicios, pensamientos u opiniones», y descarta por completo el delito que denunciaba el expolítico.
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La resolución lleva fecha de este miércoles y el juzgado notificó ese mismo día a las partes el auto de sobreseimiento y archivo, tal y como había solicitado la defensa de Elisa Mouliaá. Lo que se cierra es la investigación abierta a raíz de esa querella por calumnias, la que el exportavoz de Sumar presentó contra ella. No afecta a la otra causa, aquella en la que otro juez, Adolfo Carretero, procesó al exdiputado por un supuesto delito de agresión sexual y en la que la denunciante es precisamente la actriz.
Un tuit sobre dos testigos, el origen de todo
La querella se sostenía sobre un mensaje que la actriz publicó en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, respondiendo a informaciones que estaban circulando en varios medios. «NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad», escribió. Esos dos testigos son dos examigos de la intérprete que, en 2021, estuvieron presentes en la fiesta en la que, según ella, se produjo la presunta agresión. Los dos declararon después ante el juez Carretero y ambos testificaron que no observaron comportamientos que les hicieran pensar que se hubiera producido una conducta sexual inadecuada. La actriz sostuvo públicamente que el expolítico se había puesto en contacto con ellos para distorsionar sus testificales.
La letrada del exdiputado lo tradujo en su escrito a términos penales. «Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor», recogía el texto de la querella, que además incorporaba una serie de mensajes posteriores de la actriz en esa misma red. Sobre ese material montó el expolítico su acusación por calumnias propagadas con publicidad, el tipo penal más grave de los dos que castigan los ataques al honor. Es exactamente ese encaje el que el juez ha desmontado ahora, y lo ha hecho sin llegar a juicio.
El juez ve una crítica, no una imputación de delito
El razonamiento del auto arranca por la naturaleza de lo que dijo la actriz. «La querellada, a través de su página web, no informa sobre hechos, sino que expone juicios, pensamientos u opiniones», indica el magistrado. El auto lo remacha en la línea siguiente. «De ahí que toda la argumentación relativa a la imputación de hechos que se plasma en el escrito de querella carezca de una base empírica que la sustente». A partir de ahí, sostiene, lo que «está en juego» es «el derecho fundamental a la libertad de expresión y no el derecho fundamental a la libertad de información, lo que desplaza la tipificación delictiva hacia el ámbito de la injuria (delito no imputado) y lo aleja del propio de la calumnia». El matiz no es menor, porque el exdiputado solo se querelló por calumnias.
La palabra que estaba en el centro del pleito, extorsión, tampoco basta a ojos del juez. «En el presente caso no existe esa clase de imputación de un hecho concreto y falso que, de ser real, sería constitutivo de delito, sino expresiones utilizadas en sentido vulgar o popular, no jurídico, y empleadas como crítica al querellante», expone. El auto cierra el argumento con la palabra que estaba en el centro del pleito. «No cabe entender otra cosa distinta pese a la expresión ‘extorsión’. No se está imputando un delito de obstrucción a la justicia, sino realizando, con mayor o menor acierto tanto en la forma como en el fondo, una crítica al querellante por no haber entregado su teléfono móvil y haberse puesto en contacto con dos testigos en un procedimiento judicial en el que la querellada se siente víctima de un delito de abusos sexuales». Zamarriego se apoya en jurisprudencia del Tribunal Constitucional para recordar que la libertad de expresión, «al tratarse de la formulación de pensamientos, ideas y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción muy amplio», delimitado solo por las expresiones «intrínsecamente vejatorias». Ese campo, advierte, debe respetarlo el juez penal para no convertir la vía penal en un factor de disuasión.
De los 10.000 euros a la orden de detención
Antes de la querella hubo un intento de arreglo. La defensa del exdiputado pidió un acto de conciliación y le reclamó a la actriz una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. Ella rechazó conciliar, y ese portazo dejó vía libre para que el expolítico se querellara por acusarle de extorsión. El procedimiento que ahora se archiva echó a andar ahí.
El trámite se le complicó después a la propia actriz. El mismo juez que ahora archiva llegó a ordenar su detención después de que ella se ausentara varias veces de su cita para declarar en esta causa, una medida que este periódico contó cuando el magistrado avisó de que la haría comparecer por la fuerza y que se convirtió en una orden de busca y captura tras su tercer plantón. La actriz acabó presentándose de forma voluntaria en el juzgado y Zamarriego retiró la medida. Aquella declaración, la de junio, es la que precede al auto que ahora le da la razón en el fondo del asunto.