La batalla judicial entre la actriz Elisa Mouliaá y el expolítico Íñigo Errejón ha alcanzado un punto de máxima tensión procesal este viernes, 15 de mayo. El titular del juzgado que instruye la querella por presuntas calumnias presentada por el exportavoz de Sumar ha citado a la intérprete para el próximo 15 de junio, bajo la advertencia expresa de ser detenida por desobediencia en caso de una nueva incomparecencia injustificada.
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Esta decisión se produce tras un informe del médico forense que determina que la actriz, pese a encontrarse de baja médica, está en condiciones físicas para prestar declaración en sede judicial. Mientras tanto, la nueva estrategia de defensa de Mouliaá ha respondido con una nueva querella contra el exparlamentario, acusándole de intentar desacreditarla públicamente y de obstrucción a la justicia.
El ultimátum del juez tras el informe médico-forense
La citación para el mes de junio llega después de que Elisa Mouliaá se ausentara por segunda vez del juzgado alegando motivos de salud y la voluntad de no coincidir con el hombre al que previamente denunció por agresión sexual. Ante esta situación, el magistrado Arturo Zamarriego ordenó que un facultativo se desplazara al domicilio de la actriz para evaluar su estado real. El informe resultante concluye que no existen impedimentos para que Mouliaá cumpla con sus obligaciones procesales.
La respuesta de su nueva abogada, Yurena Carrillo, no se ha hecho esperar. La letrada ha presentado un recurso contra la providencia del juez calificándola de «desproporcionada». Según la defensa, no existe un riesgo que justifique medidas coercitivas como la detención, especialmente cuando su representada tiene el derecho constitucional a no declarar, opción que precisamente desea ejercer para evitar la exposición mediática.
Carrillo ha denunciado además que obligar a la actriz a comparecer en estas circunstancias supone una «revictimización». El entorno de la actriz sostiene que la presión pública y la posibilidad de encontrarse con Íñigo Errejón en los pasillos de los juzgados agravan su situación emocional.
Guerra de querellas: Mouliaá acusa a Errejón de injurias graves
Lejos de mantenerse a la defensiva, la representación legal de Elisa Mouliaá ha contraatacado con una nueva acción judicial contra el expolítico. Esta nueva querella se basa en presuntas calumnias con publicidad e injurias graves, derivadas de la narrativa que Errejón habría construido en los últimos meses. La defensa sostiene que el exdirigente de Sumar ha impulsado una estrategia destinada a presentar a la actriz como una manipuladora de testigos.
Según el escrito presentado por la letrada, el relato público de Errejón constituye una «inversión de la realidad», ya que busca transformar a la presunta víctima en autora de conductas ilícitas. Esta querella subsidiaria también incluye el delito de obstrucción a la justicia, argumentando que las actuaciones procesales de la contraparte solo buscan deteriorar la imagen de Mouliaá y frenar la causa principal por agresión sexual.
Cabe recordar que la investigación original por agresión sexual, que se instruye en un juzgado distinto, ya ha dictado la apertura de juicio oral, aunque el procesamiento se encuentra actualmente recurrido ante la Audiencia Provincial. Esta maraña judicial ha provocado que la actriz cambie de abogado recientemente al no coincidir en la estrategia con sus anteriores representantes.
El archivo de la denuncia por violencia institucional
Otro de los frentes abiertos es el recurso presentado por la defensa de la actriz contra el archivo de su denuncia por «violencia institucional». Mouliaá acusó a distintas instancias administrativas y judiciales de perjudicar su situación a través de una secuencia de actuaciones que, según su abogada, carecen de perspectiva de género.
Yurena Carrillo critica que la justicia no haya ofrecido una respuesta efectiva a los hechos denunciados y que se esté ignorando el contexto de vulnerabilidad de la actriz. Para la defensa, el desarrollo de ambos procesos está siendo utilizado para desgastar a Mouliaá, quien además ha denunciado públicamente el perjuicio que este escándalo está causando a sus negocios personales.
Con la fecha del 15 de junio marcada en el calendario, la presión se traslada ahora a la Audiencia Provincial, que deberá decidir sobre los recursos pendientes mientras el juez Zamarriego mantiene en pie la orden de comparecencia presencial. La sombra de una posible detención planea sobre una de las causas más mediáticas de la política y el espectáculo español de los últimos años.