Faltaban dos días para que Paramount cerrase la mayor operación de la historia reciente de Hollywood y una jueza federal se lo ha impedido a última hora. La compra de Warner Bros. Discovery, valorada en unos 110.000 millones de dólares, queda congelada catorce días. Hay vista señalada, hay una coalición de doce estados enfrente y hay un reloj que, a partir de octubre, le costará a la compradora siete millones diarios.
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Una orden cautelar dictada a contrarreloj
La resolución llega del Tribunal del Distrito Norte de California, donde la jueza Martínez-Olguín ha dictado una orden de restricción cautelar que mantiene la fusión en suspenso durante catorce días, prorrogables hasta veintiocho. Ese plazo es el que se ha dado la magistrada para decidir si dicta una medida más contundente que bloquee la operación mientras se resuelve el pleito de fondo. La fecha clave ya está en el calendario: el 3 de agosto escuchará a las partes en una audiencia que decidirá si el parón se convierte en algo más largo.
El razonamiento del auto es tan importante como la decisión. La jueza sostiene que existen «cuestiones importantes sobre el fondo del asunto» y descarta que la pausa cause un perjuicio directo a las compañías, que sencillamente deberán seguir compitiendo de forma independiente mientras dure el litigio. Y hay un punto en el que se planta con especial claridad: rechaza de manera expresa la tesis central de la compradora, según la cual las eficiencias que la fusión aportaría al negocio del streaming compensarían el daño a la competencia en el negocio televisivo tradicional. Es decir, no acepta que el futuro digital sirva de coartada para lo que pueda ocurrir en el cable y en la distribución cinematográfica. El momento tampoco es casual: la compañía había asegurado que no completaría la compra antes del 22 de julio, y el freno judicial ha llegado justo antes de esa ventana.
Doce estados, los guionistas y un fiscal que habla de «primera victoria»
La ofensiva la encabeza el fiscal general de California, Rob Bonta, al que se han sumado otros once estados, el sindicato de guionistas —Writers Guild of America— y varios colectivos de consumidores. La demanda, presentada al amparo de la legislación antimonopolio, sostiene que la unión de ambos gigantes crearía un actor dominante con capacidad para encarecer tarifas, recortar empleo y reducir de forma drástica la producción audiovisual, al juntar bajo un mismo techo dos de las mayores distribuidoras cinematográficas del mundo, tres grandes productoras de televisión, varias plataformas y una colección de canales entre los que figura CBS.
Bonta celebró el auto sin disimular el tono de campaña. Lo describió como «una primera victoria crítica en nuestro caso para asegurar que esta megafusión no vea nunca la luz del día», y añadió un argumento de fondo: «La historia cuenta lo que pasa cuando unas pocas personas tienen un enorme poder sobre mercados que son centrales en la vida de la gente: menos oportunidades para más gente y peores productos y servicios para todos». La respuesta de la compañía llegó en sentido contrario y con la misma contundencia. Un portavoz afirmó que confían en que «las pruebas demostrarán que los argumentos antimonopolio de los fiscales generales carecen de fundamento», defendió que la fusión es «legal, procompetitiva» y beneficiosa para consumidores, creadores y trabajadores, y anunció que defenderán la operación «con vigor». No es un choque nuevo: en el sector creativo las alarmas saltaron hace meses, cuando más de un millar de profesionales firmaron una carta abierta contra una compra que, a su juicio, agrava una concentración de poder ya excesiva.
El reloj de los siete millones diarios y la sombra que persigue a la operación
Detrás de la urgencia de la compradora hay una cifra muy concreta. Según ha recogido Reuters, si la operación no se ha cerrado antes del 30 de septiembre se activa una penalización que obligaría a Paramount a abonar alrededor de siete millones de dólares diarios a los accionistas de la vendedora. De ahí que la compañía aspire a tener el asunto resuelto a finales de ese mes y que catorce días de parón, que sobre el papel parecen poco, pesen tanto en su calendario. Su defensa pública es que el negocio del cable tradicional está en pleno declive y que solo un actor de este tamaño puede plantar cara a las plataformas dominantes, Netflix y Amazon; para calmar el recelo sobre la oferta futura, su consejero delegado se ha comprometido a mantener un volumen de al menos treinta películas al año.
Ese consejero delegado es David Ellison, que lanzó la puja por la otra major poco después de que su compañía, Skydance, completara en 2025 la adquisición de la propia Paramount, y que ganó la subasta a Netflix el pasado febrero. Su figura es también el motivo por el que la operación arrastra una dimensión que excede lo empresarial: hijo del multimillonario tecnológico Larry Ellison, ha sido señalado por los cambios introducidos tras aquella compra, y un informe del Wall Street Journal citado por la prensa estadounidense sostiene que habría prometido al presidente Donald Trump una transformación profunda de CNN si finalmente se hace con el grupo, un extremo que la compañía no ha confirmado. Con la vista del 3 de agosto en el horizonte, lo único cierto hoy es que las dos empresas siguen siendo rivales y que la mayor reordenación del mapa audiovisual en décadas ha quedado, por ahora, en pausa.