La narrativa global que rodea a Benito Antonio Martínez Ocasio, artísticamente consolidado como Bad Bunny, se ha estructurado meticulosamente sobre los pilares del activismo social, la democratización del arte y una presunta deconstrucción de los roles de género tradicionales. Desde su respaldo público a las protestas de los servidores públicos en Puerto Rico hasta sus proclamas líricas en contra de la violencia machista, el cantante ha proyectado una identidad pública caracterizada por la empatía, la humildad y la defensa de las minorías vulnerables. Sin embargo, el contraste de esta proyección frente a expedientes judiciales abiertos, testimonios de producción, dinámicas de selección de personal y protocolos de seguridad privada revela una profunda contradicción operativa.
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Este artículo de opinión examina con rigor documental la denominada «cara B» del artista, desglosando las implicaciones legales de sus prácticas corporativas, el trato dispensado a colaboradores e informales según consta en querellas judiciales, y los mecanismos de segregación estética que rigen sus eventos de mayor exposición masiva.
Conflictos en los tribunales: Las disputas de propiedad intelectual y activos informales bajo litigio
La contradicción más elocuente entre el discurso pro-derechos del artista y sus dinámicas corporativas se manifiesta en el ámbito de las relaciones laborales e informales de su productora, Rimas Entertainment LLC. A través de múltiples demandas en tribunales de Puerto Rico y de los Estados Unidos, se ha documentado un patrón de reclamaciones por presunta explotación de activos creativos pertenecientes a colaboradores de su entorno cercano, a quienes, según las querellas, se les habrían omitido contratos formales y remuneraciones equitativas hasta que las producciones alcanzaron una difusión global masiva.
En marzo de 2023, Carliz de la Cruz Hernández, licenciada en derecho y expareja de Martínez Ocasio durante el período de su empleo común en un supermercado local, interpuso una querella exigiendo una compensación millonaria. El documento judicial detalla que el estribillo «Bad Bunny baby» fue grabado por De la Cruz en 2015 de manera informal en una nota de voz, siendo incorporado posteriormente en temas de escala multimillonaria como «Pa’ ti» y «Dos mil 16». La demanda describe una asimetría de poder crítica: según la representación de la demandante, pocos días antes del lanzamiento del álbum Un Verano Sin Ti, emisarios de Rimas Entertainment intentaron formalizar un acuerdo ofreciendo la suma de 2.000 dólares, una acción descrita por la defensa como coercitiva y abusiva ante el rechazo de la joven.
Este esquema de reclamaciones por el uso de registros informales se repitió en la querella radicada el 5 de enero de 2026 por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien exige 16 millones de dólares en daños y perjuicios por la inclusión inconsútil de su voz en las canciones «Solo de mí» y «EoO». Serrano Rivera sostiene que grabó la frase «Mira, puñeta, no me quiten el perreo» como un mensaje de voz de WhatsApp en 2018 para su compañero de estudios universitarios, Roberto Rosado (productor conocido como La Paciencia). La demandante alega que su voz fue explotada comercialmente en los lanzamientos de los discos X 100pre y DeBÍ TiRAR MáS FOToS, así como reproducida en conciertos masivos globales, sin que mediara contrato, compensación ni atribución de derechos morales de autor.
Por otro lado, para contextualizar la agresiva estrategia judicial de la corporación del artista, cabe destacar que tras vencer en un litigio de propiedad intelectual contra emPawa Africa por el tema «Enséñame a Bailar» —el cual fue desestimado por el tribunal—, el equipo legal de Bad Bunny y sus socios solicitaron formalmente el reembolso de aproximadamente 466.000 dólares en gastos legales. La defensa argumentó que el caso carecía de base sólida, buscando con esta reclamación de honorarios sentar un precedente disuasorio frente a demandas de derechos de autor que consideran infundadas dentro de la industria.
Enriquecimiento injusto bajo litigio: El caso de «La Casita» de Humacao
La utilización de la escenografía de «La Casita«, concebida como el símbolo central de la gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour» y su residencia en Puerto Rico, se encuentra bajo escrutinio legal tras denunciarse una presunta instrumentalización de la identidad local a expensas de la vulnerabilidad de un tercero. La estructura escénica es una réplica de una residencia real ubicada en Humacao, Puerto Rico, propiedad de Román Carrasco Delgado, un viudo de 84 años de edad.
De acuerdo con la demanda civil interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Carrasco Delgado alega haber sido inducido por emisarios de Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions a plasmar su firma en la pantalla de un teléfono móvil con presuntos espacios en blanco, desconociendo el alcance y la posterior explotación comercial masiva que se haría de la imagen de su propiedad. Por la cesión de los derechos de su fachada para el cortometraje de Youtube «Debí tirar más fotos», el propietario recibió un pago único de 5.200 dólares. No obstante, la imagen de su vivienda fue posteriormente transformada en una macroestructura escénica para estadios mundiales y zona VIP.
La demanda civil exige una indemnización total de 6 millones de dólares por enriquecimiento injusto y daños emocionales, argumentando que la privacidad del octogenario se ha visto gravemente afectada por la afluencia constante de curiosos. El equipo legal de Carrasco Delgado denunció públicamente que, a pesar del litigio en curso, la producción continuó trasladando y explotando la réplica de la vivienda en sus presentaciones en el extranjero, lo que los llevó a contemplar la solicitud de remedios provisionales urgentes en los tribunales para paralizar su uso escénico.
La controversia de «La Casita»: Tensiones estéticas y diversidad VIP en escena
El espectáculo en vivo de Bad Bunny ha sido objeto de intensos debates y críticas públicas en redes sociales y medios de comunicación debido a los presuntos criterios de selección y posible cosificación femenina aplicados en la gestión de su zona VIP escénica, también llamada «La Casita». Aunque el espacio simula una fiesta comunitaria e informal, el acceso para las personas anónimas del público asistente ha estado bajo sospecha de responder a rígidos filtros estéticos.
El proceso de selección según reportes y testimonios de asistentes
Crónicas periodísticas presenciales detallan que los procesos de reclutamiento comienzan aproximadamente a las 19:30 horas, tras finalizar la actuación de los teloneros. De acuerdo con estos reportes, miembros del equipo de producción (identificados en redes por los asistentes como ojeadores) se camuflan entre la multitud en las primeras filas con el propósito de seleccionar de forma selectiva a mujeres jóvenes de complexión física normativa que cumplen con los estándares tradicionales de belleza.
Las elegidas son invitadas a subir al escenario para formar parte del decorado humano de «La Casita» junto a celebridades invitadas. Esta dinámica ha sido fuertemente criticada en internet y calificada como una práctica «machista y clasista» que contradice los discursos de deconstrucción del género que el propio artista ha promovido en temas como «Yo perreo sola». Según los críticos, las participantes asumen roles de sumisión estética en pantalla, compitiendo por captar la atención física del cantante mediante el baile.
El ritual silencioso en escena
Uno de los momentos señalados como más controvertidos por los cronistas de conciertos es la interacción dentro de «La Casita», descrita en crónicas musicales de medios como El País como un prolongado intervalo de interacción de más de quince minutos. Durante este segmento, la producción corta la transmisión de audio de los micrófonos hacia el estadio, mientras el cantante interactúa de manera confidencial, se toma fotografías y baila con el grupo selecto de celebridades e invitadas normativas, decidiendo de manera discrecional quién pronunciará la frase introductoria de un tema musical.
Protestas del público y rectificación cosmética de la productora
La acumulación de quejas por la falta de diversidad de cuerpos en los conciertos celebrados en Madrid a finales de mayo de 2026 culminó en protestas espontáneas de sectores de la audiencia, quienes llegaron a corear consignas de reclamo como «¡Queremos gordas!» para denunciar la aparente exclusión sistemática de cuerpos no normativos.
La presión mediática generada por estas protestas obligó a la productora a implementar un inmediato control de daños reputacional. A partir del tercer concierto en la capital española, medios como El País y agencias informativas confirmaron un cambio visible en los perfiles de los invitados a «La Casita», integrando de manera forzada a mujeres de tallas diversas, personas mayores de 20 años y grupos de amigos que rompían con el patrón estético estrictamente normativo de las funciones previas. Analistas del sector sugieren que esta rectificación rápida respondió a una estrategia de mercadotecnia dirigida a mitigar posibles boicots y desactivar acusaciones de sexismo en una gira de alta rentabilidad.
Seguridad y negligencia patronal: El litigio civil de Gekko Miami
La conducta en entornos privados asociados a las marcas de Bad Bunny también ha sido objeto de acciones legales de gravedad, especialmente en lo que respecta al comportamiento de los equipos de seguridad en sus establecimientos comerciales.
El caso Gekko: Versión del demandante y defensa corporativa
En agosto de 2023, el prestigioso restaurante de temática japonesa Gekko, ubicado en Miami y del cual Bad Bunny es socio, fue objeto de una demanda civil que contiene 11 cargos, entre ellos agresión física y negligencia patronal. Cabe destacar que, de acuerdo con los registros legales, el cantante no figura de forma personal como demandado directo, ya que el negocio opera bajo una sociedad con otros empresarios, aunque su imagen pública se ve afectada al ser la cara visible del local.
La demanda fue radicada por el empresario Gabriel Barajas tras un altercado violento ocurrido mientras celebraba el cumpleaños de su hija. Según la versión de Barajas contenida en la querella, el incidente se originó por un malentendido con la seguridad del local, quienes asumieron erróneamente que el grupo de Barajas intentaba fotografiar a celebridades sentadas en mesas contiguas —como Lionel Messi y David Beckham—, cuando en realidad se retrataban entre ellos.
La demanda detalla los siguientes hechos alegados por el demandante:
- Un guardia de seguridad intervino de forma agresiva para obligar a bajar los teléfonos móviles.
- Posteriormente, un socio de negocios del establecimiento condujo a un amigo de Barajas hacia una zona de tránsito, donde un guardia de seguridad lo sujetó por el cuello en una maniobra de asfixia.
- Al intentar intervenir para auxiliar a su acompañante, Gabriel Barajas recibió un fuerte golpe en el rostro que le causó lesiones severas, declarando posteriormente a medios como Telemundo que el impacto pudo haber sido fatal de haber golpeado centímetros más arriba.
La postura de la defensa: En respuesta a las acusaciones, la administración de Gekko emitió un comunicado oficial negando categóricamente la implicación directa de su personal contratado en la golpiza. La gerencia del restaurante sostuvo que los responsables de la agresión física contra Barajas fueron los escoltas privados y guardaespaldas de las famosas celebridades que cenaban en el lugar, y no los empleados de nómina del establecimiento, trasladando de este modo la responsabilidad civil de los hechos ocurridos dentro de sus instalaciones.
El incidente de Casa de Campo: Límites de privacidad y reacciones físicas
En el plano personal, el incidente acontecido en enero de 2023 en el complejo Casa de Campo, República Dominicana, documentó la compleja relación del artista con el asedio de sus seguidores. Ante el acercamiento de una fanática que intentaba tomarse una fotografía con él en un espacio abierto, Martínez Ocasio le arrebató el dispositivo móvil de las manos y lo arrojó hacia unos arbustos de la zona.
Aunque el cantante justificó inicialmente su reacción en redes sociales catalogando la invasión de su espacio como una «falta de respeto», el fuerte rechazo público lo llevó a retirar dicha publicación y a alejarse temporalmente de las plataformas digitales. Meses después, en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, el artista expresó su arrepentimiento por la reacción física, aunque matizó que el teléfono cayó sobre un arbusto sin sufrir roturas físicas, defendiendo su necesidad de mantener límites en su espacio corporal ante aproximaciones intrusivas.
Espectáculo y debates de ética animal
Las decisiones de producción en las giras del artista también han provocado fricciones éticas con agrupaciones de defensa de los animales. Con el fin de complementar la estética rústica y campesina de sus puestas en escena, la producción ha recurrido al uso de animales en condiciones de alta estimulación sensorial.
Durante la apertura de su gira en Las Vegas en 2024, el cantante ingresó al escenario montando un caballo real. La exposición del animal a ruidos de alta fidelidad, luces estroboscópicas, niebla artificial y los gritos de miles de personas fue duramente condenada en redes sociales y por organizaciones internacionales de bienestar animal como PETA. Los colectivos tacharon el acto de irresponsable, argumentando que sometía al equino a un estrés severo e innecesario únicamente con fines de impacto visual en plataformas digitales.
Asimismo, durante las presentaciones de su residencia «No me quiero ir de aquí» en el Coliseo de Puerto Rico (2025), la producción utilizó gallinas vivas sobre el escenario como parte de la ambientación campestre. Esto motivó un llamado de atención público de PETA instando formalmente al artista a cesar la inclusión de fauna viva en sus puestas en escena, evidenciando cómo las demandas estéticas de la corporación chocan con las directrices básicas de preservación y trato ético animal.
El equilibrio de la disonancia corporativa
El análisis de la evidencia empírica disponible en los tribunales y los medios de comunicación demuestra que la denominada «cara B» de Bad Bunny es el reflejo de las complejas tensiones operativas de una maquinaria de entretenimiento masivo global. La evidente disonancia entre las proclamas inclusivas, feministas e igualitarias que enriquecen su marca comercial y la realidad de sus prácticas corporativas —que afrontan supuestas querellas por coacción contractual, derechos de autor no reconocidos, segregación estética en eventos VIP y altercados de seguridad— revela cómo el activismo social puede operar en la práctica como un sofisticado amortiguador reputacional.
Detrás del colorido discurso de inclusión de Benito Antonio Martínez Ocasio opera un sólido entramado empresarial estructurado para mitigar daños a su imagen, responder judicialmente con alta presión económica a las demandas de colaboradores menores y priorizar el impacto del espectáculo sobre las consideraciones éticas o laborales.