La Justicia española se ha topado con un muro inesperado en el proceso que envuelve al veterano cantante Francisco González. Según ha podido confirmar en exclusiva Vanitatis, el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta contra el intérprete de ‘Latino’. El motivo no es otro que la imposibilidad de localizar al artista para que preste declaración en calidad de investigado, una diligencia clave sin la cual el procedimiento no puede avanzar hacia una fase de juicio oral.
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Un laberinto judicial que comenzó hace dos décadas
El conflicto que hoy mantiene a Francisco en el punto de mira de la Guardia Civil —cuerpo al que se ha oficiado para su localización— no es nuevo. La historia se remonta al año 2001, cuando la exbailarina Denia Apolinar inició una batalla legal para que el cantante reconociera la paternidad de su hija, Naomi. Aunque Francisco negó los hechos de forma sistemática, la Justicia le atribuyó legalmente la paternidad en 2006 ante su negativa a someterse a las pruebas de ADN. Desde 2013, el artista tiene la obligación de abonar una pensión de alimentos que, según la acusación, ha sido incumplida de forma reiterada.
En un intento por esquivar esta carga económica, el cantante solicitó recientemente reducir la cuantía de 500 a 150 euros, alegando una precaria situación financiera y que su hija ya disponía de ingresos propios. Sin embargo, los tribunales desestimaron sus pretensiones al no quedar acreditada la independencia económica de la joven. Este nuevo capítulo penal, ahora en suspenso, surge precisamente tras una denuncia por el presunto impago de dichas obligaciones, un delito que el Código Penal castiga con penas de hasta un año de prisión.
La estrategia del silencio y la búsqueda de la Policía Judicial
El auto judicial, fechado el pasado 26 de marzo, es contundente: la causa se archiva «en pausa» para evitar una situación de indefensión del investigado. Ni el juzgado ni la Policía Judicial han logrado dar con el paradero de Francisco, lo que impide que este pueda designar defensa y dar su versión de los hechos. Esta situación de «ilocalizable» ha forzado al magistrado a suspender las diligencias previas hasta que las fuerzas de seguridad consigan practicar la citación formal.
Lejos de ser una victoria para el cantante, este archivo provisional es una medida técnica. En cuanto Francisco sea localizado, el proceso se reactivará de forma inmediata. Mientras tanto, el entorno de Denia Apolinar observa con frustración cómo el proceso se dilata en el tiempo, sumando un nuevo episodio a una de las guerras judiciales más largas y mediáticas del panorama nacional, donde los embargos de nóminas y las comparecencias televisivas han sido la tónica habitual durante más de veinte años.
¿Huida o desconexión?
El silencio de Francisco genera una sombra de duda sobre su voluntad de colaborar con la ley. El cantante, que siempre ha hecho gala de una personalidad fuerte y directa en sus intervenciones en programas de televisión, se encuentra ahora en una posición delicada donde su ausencia podría interpretarse como una táctica dilatoria en un caso que ya ha agotado la paciencia de los tribunales de Barcelona.