El expríncipe Andrés se sienta este miércoles delante de un juez y, por una vez, no lo hace como investigado. Andrés Mountbatten-Windsor, de 66 años, declarará por videoconferencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster contra el hombre al que acusa de abordarle a gritos mientras paseaba a sus perros cerca de su nueva casa. Y lo hace la misma semana en que la Corporación de la City de Londres ha tenido que ponerse a redactar un texto legal a medida para arrebatarle el único honor que todavía conserva, después de descubrir que quitárselo es bastante más complicado de lo que daba por hecho.
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Un juicio en el que él es la parte agredida
Lo que le lleva al tribunal ocurrió a principios de mayo en los alrededores de Marsh Farm, la propiedad de los terrenos de Sandringham a la que se mudó tras ser expulsado de Royal Lodge. Según los documentos judiciales, paseaba a sus perros cuando un encapuchado echó a correr hacia él sin dejar de gritarle, y el expríncipe corrió en dirección contraria, hacia su coche. El hombre fue identificado después como Alex Jenkinson, de 39 años, y está imputado por dos cargos de emplear palabras o conductas amenazantes, abusivas o insultantes con las que acosar a alguien o causarle alarma o angustia. Uno de esos dos cargos corresponde al episodio protagonizado por el hijo de Isabel II. Jenkinson se ha declarado no culpable, de modo que la vista de este miércoles no es un trámite de conformidad: hay que probar los hechos, y el principal testigo de cargo es un hombre cuya palabra lleva años sometida a escrutinio público.
Hasta que el juez resuelva, el acusado vive bajo un cinturón de restricciones poco habitual: tiene prohibido entrar en el condado de Norfolk, contactar con el expríncipe de forma directa o indirecta y acercarse a él. Tampoco puede situarse a menos de 500 metros de las propiedades reales, una lista que incluye la finca de Sandringham, el palacio de Buckingham, el castillo de Balmoral, el castillo de Windsor y Highgrove. El detalle que más dice de la situación de Andrés Mountbatten-Windsor no está en esas medidas, sino en cómo va a declarar: pidió y obtuvo permiso para dar su versión y aportar sus pruebas únicamente por videoconferencia, sin pisar la sala. El hombre que durante décadas apareció en los balcones de esas mismas propiedades comparecerá ante la justicia británica reducido a una pantalla encendida en un juzgado de Londres.
El honor que no era un honor, sino una propiedad
El segundo frente abierto esta semana no está en un juzgado, sino en un edificio del centro financiero de Londres. De todo lo que llegó a acumular, a Andrés Mountbatten-Windsor le queda la Freedom of the City of London, la ciudadanía honoraria de la City, que no ganó ni le fue concedida por méritos: la heredó en 2012 por patrimonio, por el simple hecho de ser hijo de un Freeman, su padre, Felipe de Edimburgo. La Corporación le escribió formalmente invitándole a renunciar a ella por su cuenta y no obtuvo ni una línea de respuesta. Ante el silencio, el pleno del Court of Common Council aprobó una moción de censura contra él y encargó a sus funcionarios que buscaran la manera legal de retirársela.
Ahí es donde la operación se atascó. Los servicios jurídicos de la propia Corporación —el Comptroller and City Solicitor y el City Remembrancer— avisaron de que el organismo carecía de potestad para quitársela, y el motivo tiene poco de simbólico: la Freedom no se considera un honor ni un cargo del que se pueda desposeer a nadie, sino un derecho de propiedad, amparado por la legislación británica y por la normativa de derechos humanos que rige en el país. Retirárselo por la vía rápida habría equivalido a expropiarle algo suyo sin base legal, con el riesgo evidente de acabar perdiendo en los tribunales precisamente contra el hombre al que se pretendía castigar. La City llegó a asumir que tendría que dejarlo estar.
Una ley escrita a propósito, y no antes de octubre
La salida que han encontrado, adelantada por la BBC, es un borrador de dictamen jurídico que parte de admitir el problema: el mecanismo que existe hoy para retirar la distinción es, en sus propios términos, defectuoso y obsoleto. La fórmula que plantea el documento consiste en que el Court of Common Council apruebe una norma interna que le otorgue a sí mismo una facultad que ahora no tiene, la de privar a un ciudadano honorario de ese derecho. El concejal Hayward lo ha resumido sin adornos: «Se trata de un trabajo de gran envergadura con importantes implicaciones constitucionales que deben ser consideradas cuidadosamente por los miembros, para garantizar que el nuevo proceso sea, en la medida de lo posible, legal y viable, sin consecuencias no deseadas».
El calendario juega a su favor. Ese texto no estará terminado antes de octubre, y solo entonces los miembros electos podrán votar si lo aprueban. «Estamos avanzando en ese trabajo y, si los miembros electos aprueban el nuevo proceso, podrán entonces considerar si se debe retirar la distinción a Andrew Mountbatten-Windsor», ha señalado un portavoz de la Corporación. Traducido al calendario real: hasta el otoño, como pronto, sigue siendo ciudadano honorario de la City de Londres, y la institución que quiere quitárselo tendrá que cambiar antes sus propias reglas para poder hacerlo. Un desenlace que dice tanto de él como del apuro de un organismo que se encontró censurando públicamente a alguien a quien no podía tocar.
El año en que lo perdió todo menos el apellido
Nada de esto se entiende sin lo que ha sido 2026 para él. Los nuevos detalles aparecidos sobre el caso Epstein desencadenaron una caída sin precedentes en la familia real británica: fue expulsado de Royal Lodge, la residencia que ocupaba desde hacía dos décadas; Carlos III le despojó de los títulos que aún conservaba; y el día en que cumplía 66 años fue detenido por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, una de las figuras más graves del ordenamiento británico. De aquel entramado de tratamientos, residencias y honores heredados apenas sobrevive una ciudadanía honoraria que le vino dada por ser hijo de quien fue, y que la City intenta ahora desmontar con una ley nueva.
El cerco también se ha estrechado dentro de casa. En los últimos días han cobrado fuerza los rumores de una crisis familiar alrededor suyo: según Closer, Eugenia de York se prepara para dar la bienvenida a su tercer hijo y habría pedido tanto a Sarah Ferguson como a su padre que no acudan al hospital y esperen unos días antes de visitarles en casa. La intención que se atribuye a la pareja es evitar que el nacimiento acabe convertido en un episodio más del ruido mediático que rodea al expríncipe. Si se confirma, sería la señal más elocuente de hasta dónde llega hoy su aislamiento: no ya el de una institución que le retira honores, sino el de una hija que prefiere que su padre no aparezca por la puerta de una maternidad.