Menos de 24 horas después de que este periódico revelara que la Justicia andorrana no había conseguido notificar a Borja Thyssen la demanda que MoraBanc ha presentado contra él, su entorno ha roto el silencio. Y lo ha hecho para desmentir, de forma tajante, la imagen que empezaba a instalarse: la de un heredero en paradero desconocido, esquivando a sabiendas la acción de los tribunales. Lo que no ha hecho, en ningún momento, es negar que el litigio exista.
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Localizable, según su círculo, pero no para un banco que llevaba semanas intentándolo
El origen de todo es un edicto publicado por el Boletín Oficial del Principado de Andorra, dirigido a Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza, que solo se activa cuando los cauces ordinarios de notificación —cartas, requerimientos, avisos en el domicilio conocido— han fracasado de forma reiterada. La resolución le concede un plazo inicial de cinco días hábiles para designar abogado o procurador, y otros veinte para comparecer y contestar a la reclamación de MoraBanc, una de las entidades bancarias de referencia del Principado. Si no lo hace, advierte el propio edicto, podrá ser declarado en rebeldía procesal: una figura estrictamente formal, que no equivale a culpabilidad ni a condena, y que simplemente significa que el procedimiento seguirá adelante sin que se le practiquen más notificaciones que la de la sentencia final.
El texto oficial no hace pública la cuantía reclamada ni identifica la operación financiera que ha originado el pleito. Esos detalles han llegado por otra vía: el diario andorrano Altaveu, primer medio en desvelar el caso, situó la reclamación en torno a un crédito vencido y no devuelto que las informaciones disponibles cifran, con las cautelas propias de una fuente extraoficial, en aproximadamente cinco millones de euros. Ni el Boletín Oficial ni MoraBanc han confirmado esa cifra de forma pública, y el procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial: no existe, de momento, ninguna sentencia que obligue a Borja Thyssen a pagar cantidad alguna, ni consta que se haya decretado ningún tipo de embargo sobre su patrimonio.
Lo que niega y lo que no: la respuesta calculada de su entorno
Fuentes próximas a Borja Thyssen han explicado que el conflicto con MoraBanc «no es reciente» y que responde a discrepancias que se arrastran desde hace tiempo. Insisten en que el hijo de la baronesa está perfectamente localizable, y que el asunto se encuentra ya «en manos de sus abogados». Es una respuesta que llega en dos tiempos: primero, la noche del pasado domingo, cuando su entorno aseguró a través de HOLA que «ni está en busca ni tampoco ilocalizable»; y después, ya con más detalle, precisando el origen andorrano del litigio y el nombre de la entidad demandante.
Lo relevante de ambas versiones es lo que evitan decir. En ningún momento se desmiente la existencia del desacuerdo económico con el banco, ni la existencia del procedimiento judicial abierto en la Batllia, el órgano jurisdiccional de primera instancia andorrano. Lo que se rechaza, de forma explícita, es la lectura de que Borja Thyssen esté deliberadamente oculto o sustrayéndose a la acción de la Justicia. Y hay un matiz técnico que su entorno se ha encargado de subrayar: que una notificación no haya podido practicarse en un domicilio determinado obliga al tribunal a recurrir a un edicto, pero eso no equivale, necesariamente, a que la persona buscada se encuentre en paradero desconocido en el sentido habitual del término. Será ahora la representación legal de Borja Thyssen la que deba personarse, responder a la demanda y discutir tanto la existencia como el importe y las condiciones de la deuda reclamada.
Un verano ya complicado, entre Andorra, Madrid y la salud de su madre
El nuevo frente judicial llega en un momento especialmente delicado para la familia. Borja Thyssen, que acaba de cumplir 46 años, reparte su vida entre su residencia fiscal en Andorra —donde pasa más de la mitad del año— y la urbanización madrileña de La Finca, donde viven su mujer, Blanca Cuesta, y sus cinco hijos. Ha sido precisamente ese doble domicilio el que ha complicado las notificaciones: según pudo saber este periódico, los intentos de MoraBanc y, después, los de la propia Batllia se produjeron tanto en la dirección andorrana como en la madrileña a lo largo de las últimas semanas, sin que en ninguna de las dos lograran dar con él ni con nadie que pudiera recibir la citación en su nombre.
A esa presión judicial se suma la preocupación por Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, todavía recuperándose de la neumonía que obligó a hospitalizarla en Barcelona y que, según había adelantado este periódico, forzó a congelar sus memorias, una miniserie y un documental sobre su figura. No es, además, el primer capítulo judicial de Borja Thyssen: en 2019 fue absuelto de un delito fiscal relacionado con los ingresos de varias exclusivas vendidas en 2007, después de que el tribunal considerara que no se había demostrado con la certeza exigible que residiera en España más de 183 días al año. Distinto es el procedimiento todavía abierto contra el matrimonio por una operación de 2010, en el que la Fiscalía llegó a solicitar tres años de prisión y un millón de euros de multa para cada uno por la presunta defraudación de 336.417 euros en la venta de una sociedad con una vivienda en Ibiza como principal activo; el juicio, previsto para febrero de 2023, quedó suspendido a la espera de un informe pericial.
Borja Thyssen mantiene una colección de arte propia, participa en los derechos económicos del legado familiar y es propietario de inmuebles tanto en España como en Andorra, pero nada de eso garantiza liquidez inmediata ni permite conocer, por ahora, las condiciones exactas de la operación bancaria que ha terminado en los tribunales. El plazo del edicto sigue corriendo mientras tanto: habrá que esperar para saber si finalmente comparece ante la Batllia o si el proceso avanza sin él, camino de esa declaración de rebeldía que, insisten quienes lo rodean, no tiene por qué llegar a producirse.