El sector audiovisual patrio acaba de sufrir un terremoto judicial cuyas réplicas financieras van a marcar un antes y un después en los balances contables de Fuencarral. El grupo Mediaset España ha sido fulminado con una condena histórica por la que deberá abonar un total de 73,2 millones de euros a la productora británica ITV Studios debido a la explotación comercial irregular del concurso Pasapalabra en la parrilla de Telecinco entre los años 2012 y 2019. La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya es firme y carece de posibilidad de recurso, eleva de forma drástica los 45 millones previstos inicialmente en el litigio, sentando un precedente demoledor en la jurisprudencia española sobre los derechos de propiedad intelectual.
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La controversia contractual que desató una guerra de más de diez años
Para desgranar el origen de este millonario descalabro corporativo es obligatorio viajar al año 2009. En aquel momento, la directiva de la cadena de Fuencarral firmó con la británica ITV Studios un contrato de licencia para explotar The Alphabet Game, el formato original sobre el que se cimenta el concurso vespertino. Sin embargo, en una maniobra tan arriesgada como unilateral, los despachos de la cadena principal de Mediaset España decidieron romper el acuerdo apenas un año después. El argumento esgrimido por el operador español era que los británicos no poseían legítimamente los derechos del nombre ni del icónico Rosco, apuntando a que dichos elementos procedían de la televisión italiana.
Pese a la ruptura del marco contractual, los programadores decidieron mantener su emisión diaria bajo la batuta del presentador Christian Gálvez. Esta controvertida estrategia sirvió de sustento para las tardes de la cadena durante casi una década, facturando millones en publicidad gracias al arrastre de audiencia que beneficiaba directamente a sus espacios informativos nocturnos. Una práctica de explotación sin autorización válida que el Tribunal Supremo cortó de raíz en 2019 al ordenar el apagón inmediato del programa en las pantallas del grupo.
El «efecto arrastre» encarece la factura final de la condena
La clave del incremento sustancial en la cuantía de la sanción económica estriba en la estimación parcial del recurso interpuesto por los servicios jurídicos de la compañía británica. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han validado técnicamente el concepto legal del denominado “efecto arrastre”. Este criterio jurídico reconoce explícitamente que el concurso no solo generaba pingües beneficios comerciales por sí mismo, sino que actuaba como un resorte de retención de espectadores crucial para catapultar los datos de share del telediario posterior.
La defensa del operador audiovisual intentó frenar la ejecución de esta cuantía solicitando que se vinculase el fallo al desenlace de otro pleito paralelo, pero el tribunal provincial ha desestimado de plano todas sus alegaciones corporativas. Con los 73,2 millones de euros fijados como deuda inapelable, las consecuencias de aquella temeridad de gestión iniciada hace doce años caen ahora con todo su peso sobre las arcas de la compañía.
Un vuelco de guion que amenaza directamente a Atresmedia
La carambola definitiva de este culebrón de despachos ha terminado por salpicar de lleno a su rival histórico, Atresmedia. Tras la espantada del formato de las tardes de Telecinco, los programadores de Antena 3 recogieron el testigo del programa logrando unos liderazgos de audiencia incontestables gracias a la fuerza magnética de la prueba final. Sin embargo, un dictamen del Tribunal Supremo ha confirmado de forma paralela que la propiedad real de El Rosco no pertenece a los británicos, sino a la entidad holandesa MC&F Broadcasting.
Esta resolución obliga jurídicamente al canal principal de San Sebastián de los Reyes a eliminar la mítica prueba de su emisión diaria, lo que desarma por completo la estructura del concurso más visto de la televisión en España. Para rizar el rizo de la paradoja mediática, se ha desvelado que la cúpula de Fuencarral llevaba meses tejiendo una estrategia silenciosa y ya ha adquirido en exclusiva los derechos de explotación de la joya de la corona a la firma de los Países Bajos. El panorama que se dibuja es de una ironía empresarial absoluta: los damnificados por la mayor indemnización judicial del sector audiovisual poseen ahora el control legal de la prueba estrella que encumbra a su competencia directa.