El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid decreta la apertura de juicio oral contra nueve acusados y fija fianzas de hasta 426.000 euros por revelación de secretos.
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El proceso de investigación en torno al denominado caso Sálvame ha concluido de forma definitiva su fase de instrucción con un dictamen que sacude los cimientos del panorama audiovisual español. El magistrado Marcelino Sexmero Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha firmado el auto que decreta la apertura de juicio oral y traslada formalmente la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento. Esta resolución pone fin a años de diligencias y coloca en el banquillo de los acusados a rostros clave del extinto magacín de la cadena de Fuencarral, un formato producido por La Fábrica de la Tele S.L. que durante catorce años lideró las tardes de la televisión privada y cuya trayectoria estuvo marcada por la constante polémica y las tensiones en los tribunales.
El documento judicial confirma la implicación directa de figuras fundamentales del espacio, dirigiendo el procedimiento penal contra un total de nueve investigados. Entre los nombres señalados figuran el conocido paparazzo Gustavo González González, el exdirector David Valldeperas Andújar, los redactores y colaboradores María Pascual García, Iván Caveda Valle, Victoria Laseca Cascante, Miguel Menaut Palco e Isaac Pulido Arroyo, además del expolicía Ángel Jesús Fernández Hita y la propia persona jurídica de la productora.
Por el contrario, la situación judicial ha dado un respiro a Alberto Díaz Martínez, también histórico director del formato de Telecinco, al haber quedado firme el archivo de las actuaciones respecto a su persona, quedando completamente fuera de la vista oral.
Disparidad en las acusaciones y el desmarque clave del Ministerio Fiscal
A pesar de la contundencia del auto dictado el pasado 25 de junio, la situación procesal de los acusados no es idéntica ante el tribunal de la Audiencia Provincial. El caso del director catalán, David Valldeperas, resulta especialmente significativo dentro de la crónica judicial de los medios de comunicación. Durante la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal solicitó formalmente el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones respecto a él, al considerar que no concurrían pruebas ni indicios de criminalidad suficientes para sostener una acusación penal pública en su contra. De este modo, la presencia del realizador en el banquillo responderá única y exclusivamente a la determinación de las acusaciones particulares, que han decidido mantener de forma independiente sus acciones penales.
La calificación de los hechos que finalmente se sentarán en el tribunal de Madrid ha sufrido una notable reducción respecto a las graves tipificaciones que se barajaron en los primeros compases de la investigación de la Policía Nacional. La Fiscalía ya determinó en sus escritos que la macrocausa quedaba acotada a presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, sumados a cargos de cohecho según las diferentes acusaciones particulares del procedimiento. El propio Ministerio Fiscal ha contextualizado a lo largo del proceso que el delito de revelación de secretos, centrado en el acceso a información confidencial de personajes públicos, es una vertiente que se encuentra de forma habitual en los límites del ejercicio de la profesión periodística y la crónica social de televisión, lo que delimitará el debate jurídico durante las sesiones del juicio.
Millonarias fianzas económicas bajo la amenaza de embargo inmediato
Junto con el mantenimiento de la situación de libertad provisional para todos los encausados, el juez instructor ha impuesto duras medidas cautelares en el plano económico destinadas a asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una sentencia condenatoria. El juzgado ha otorgado un plazo perentorio de veinticuatro horas a los procesados para depositar las correspondientes fianzas, advirtiendo de que, en caso de no materializarse el pago, se procederá al embargo inmediato de bienes suficientes para cubrir las cantidades requeridas. La cifra más alta y grave corresponde al exagente de policía Ángel Jesús Fernández Hita, a quien se le exige una fianza que asciende a los 426.000 euros debido a su condición de funcionario público en el momento de los hechos.
El quebranto económico también afecta de manera directa a la viabilidad financiera de las empresas implicadas. Al paparazzi Gustavo González y a la empresa de contenidos La Fábrica de la Tele S.L. se les ha requerido de forma conjunta una fianza de 381.000 euros. Por su parte, el redactor Iván Caveda Valle deberá consignar la cantidad de 12.000 euros, mientras que para el resto de profesionales implicados la cifra se ha fijado en 9.000 euros per cápita. Estas exigencias económicas se hacen extensibles, en calidad de responsables civiles subsidiarios, al grupo audiovisual Mediaset España Comunicación S.A. y a la entidad Revista Rumore-Zoom Ediciones S.L.U., garantizando que las indemnizaciones a los famosos afectados estén blindadas antes del inicio de las declaraciones. Con la apertura de este escenario, las defensas disponen ahora de diez días hábiles para presentar sus escritos de disconformidad y proponer la batería de pruebas con la que acudirán a la Audiencia madrileña.