Se cumplen diez años de uno de los episodios que más ha marcado la historia reciente de España. La agresión sexual grupal conocida como La Manada, ocurrida durante los Sanfermines de 2016, supuso un antes y un después en el debate sobre las agresiones sexuales y el consentimiento en nuestro país. Coincidiendo con esa efeméride, el programa Vamos a Ver, de Telecinco, ha entrevistado en directo al letrado que asumió la defensa de los condenados, Agustín Martínez, que ha reivindicado sin fisuras su papel en el proceso: «No me arrepiento de haber ejercido legítimamente el derecho de defensa».
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La reaparición del abogado, una década después
Agustín Martínez Becerra, que representó a varios de los integrantes del grupo, ha querido ofrecer su valoración diez años después de aquellos hechos. En su intervención en el magacín de Telecinco, el jurista ha defendido la legitimidad de su labor profesional, amparándose en el derecho constitucional que asiste a cualquier acusado, por grave que sea el delito que se le imputa. Sus palabras, pronunciadas en pleno aniversario, han devuelto a la actualidad televisiva un asunto que, pese al paso del tiempo, sigue removiendo conciencias y generando un intenso debate social cada vez que regresa a primer plano.
La figura del letrado se convirtió, durante los años del juicio, en una de las más reconocibles y controvertidas de todo el proceso, hasta el punto de acaparar una notable presencia mediática. Su reaparición ahora, con motivo del décimo aniversario, lo ha vuelto a situar en el foco, en un momento en el que numerosos medios repasan las claves de un episodio que transformó la manera en que la sociedad española aborda la violencia sexual.
Un recorrido judicial que acabó en el Tribunal Supremo
Conviene recordar el marco judicial de lo ocurrido. Los cinco acusados fueron juzgados por lo sucedido en la madrugada de las fiestas de Pamplona de 2016, cuando una joven de 18 años fue víctima de una agresión sexual múltiple. La Audiencia Provincial de Navarra los condenó en primera instancia por un delito de abuso sexual, un fallo que desató una oleada de indignación y protestas en toda España al no apreciar entonces violencia ni intimidación. La resolución se convirtió en el símbolo de una controversia que trascendió con mucho el ámbito estrictamente jurídico.
Aquella calificación, sin embargo, no fue la última palabra. El Tribunal Supremo revisó posteriormente la sentencia y elevó las penas al considerar que los hechos constituían un delito de agresión sexual —esto es, violación—, endureciendo el castigo de los cinco procesados hasta los quince años de prisión. Con ese pronunciamiento firme quedó zanjado el recorrido en los tribunales de un procedimiento seguido con una expectación sin precedentes, que había puesto sobre la mesa la necesidad de repensar los conceptos de consentimiento y de violencia sexual en el ordenamiento español.
Un episodio que cambió las calles y las leyes
Más allá del desenlace en los juzgados, aquel suceso dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. Las multitudinarias manifestaciones que siguieron a la primera sentencia, bajo lemas como «Yo sí te creo», impulsaron un movimiento social que reclamaba una mejor protección de las víctimas y una revisión de la legislación sobre delitos sexuales. Ese clamor terminó cristalizando, tiempo después, en cambios normativos que colocaron el consentimiento en el centro de la definición legal de la violencia sexual. Pocas resoluciones judiciales han generado en la historia democrática reciente una respuesta ciudadana de semejante magnitud, con concentraciones espontáneas en decenas de ciudades y un debate que saltó de los tribunales a la calle, a los medios y a la conversación política durante meses.
Diez años después, aquella madrugada sigue siendo un referente ineludible al hablar de agresiones sexuales en España, y su recuerdo continúa despertando reacciones encontradas. La reaparición de Agustín Martínez en directo ha servido para constatar hasta qué punto lo ocurrido en 2016 permanece vivo en el debate público, una década después de unas fiestas que cambiaron para siempre la forma en que el país entiende y afronta la violencia sexual.