La Fiscalía ha cambiado de criterio en el caso de Julio Iglesias y sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar la querella por presuntas agresiones sexuales que presentaron contra el cantante dos mujeres que trabajaron para él, nueve meses después de que la propia Fiscalía archivara la denuncia por falta de jurisdicción española.
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El fiscal Vicente González Mota envía su informe al juez Antonio Piña
El cambio de postura en el caso de Julio Iglesias lleva la firma del fiscal Vicente González Mota, que antes de pronunciarse consultó el asunto con la Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, donde la fiscal Beatriz Sánchez Álvarez dio el visto bueno al nuevo criterio sobre la competencia. El informe ya ha llegado al magistrado Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, que es quien tiene que decidir si admite la querella y abre o no una investigación sobre los hechos que relatan las dos extrabajadoras. La decisión del fiscal no supone ninguna imputación del artista ni ningún pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, que él ha negado desde el principio.
El caso había vuelto a la mesa de la fiscal Marta Durántez y de su superior, Jesús Alonso, cuando las dos mujeres acudieron a la Audiencia Nacional con la querella, pero ambos se abstuvieron de seguir en el procedimiento tras el litigio que les enfrentó a la defensa de Julio Iglesias, que les había reclamado el acceso a las diligencias preliminares. El fiscal al que le correspondió entonces la revisión del asunto es el que ahora corrige la decisión de sus compañeros y considera que los tribunales españoles sí pueden analizar los hechos denunciados.
En enero la Fiscalía archivó la denuncia por falta de vínculo con España
El criterio que se abandona ahora es el que sostuvo Marta Durántez el pasado enero, cuando archivó las diligencias abiertas tras la denuncia de las dos mujeres sin entrar en su contenido. Tras darles la condición de testigos protegidas y tomarles declaración, la fiscal concluyó que las extrabajadoras no eran españolas «ni viajaron con el denunciado en algún momento a España», por lo que no había «vínculo personal o territorial con nuestro país» para investigar los hechos aquí. Sobre el cantante, dejó escrito que «ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad».
Con el nuevo informe, la cuestión inmediata queda en manos del juez. Si la querella es admitida, podría abrirse una investigación judicial para esclarecer las acusaciones y practicar las diligencias que el magistrado considere pertinentes. Si, por el contrario, el tribunal comparte el criterio de la anterior fiscal sobre la falta de jurisdicción española, la querella podría no prosperar, y el caso queda pendiente de esa primera decisión sobre su admisión.
Las dos mujeres acusan al cantante de trata y de delitos sexuales en 2021
Las querellantes, cuya identidad permanece en el anonimato, trabajaban en 2021 al servicio de Julio Iglesias en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. Según su versión, el cantante habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades dentro de un supuesto clima de intimidación, y ambas sostienen que habrían sufrido situaciones continuadas de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes. La querella plantea que esos hechos podrían encajar, entre otros, en la trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, en delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y en la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Julio Iglesias, que está defendido por el abogado José Antonio Choclán, ha rechazado desde que el caso salió a la luz las acusaciones de sus antiguas empleadas. Tras el archivo de enero reclamó el acceso a la documentación, y en primavera una jueza admitió su recurso contra la Fiscalía por negarle esa copia. Las dos mujeres, como contamos en septiembre, llevaron su caso a la Audiencia Nacional con una querella presentada el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide. Ese pulso por las diligencias preliminares es el mismo que terminó con la abstención de Marta Durántez y de Jesús Alonso, y el que ha dejado el expediente en manos del fiscal que ahora avala la competencia de la Audiencia Nacional.