El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite por falta de competencia la demanda por protección del derecho al honor que Julio Iglesias presentó contra Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, al concluir que las palabras sobre el cantante que motivaron el pleito no las pronunció en el ejercicio de su cargo.
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El Supremo remite el caso a los tribunales de instancia
En su auto sobre la demanda de Julio Iglesias, la Sala de lo Civil recuerda que entran en su ámbito las demandas de responsabilidad civil contra miembros del Gobierno «por hechos realizados en el ejercicio de su cargo», pero considera que ese requisito no se cumple aquí. Los magistrados concluyen que «las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento ni suponen una traslación a la opinión pública de las políticas propias del Ministerio de Trabajo». Con ese razonamiento, el tribunal señala que la competencia para resolver la demanda corresponde a las secciones civiles de los tribunales de instancia, y no al alto tribunal.
El auto recuerda que Iglesias consideró lesionado su honor por las manifestaciones que Díaz vertió en la red social Bluesky y en el programa La Hora de La 1, de RTVE, después de conocerse que dos extrabajadoras del cantante le acusaban de presuntas agresiones sexuales. La Sala entiende que la conexión con el cargo falta tanto en el mensaje publicado en esa red social como en la parte de la entrevista que el cantante llevó a los tribunales, aunque las palabras procedan de una persona aforada.
Habló «como política feminista y dirigente de Sumar», según el auto
La Sala de lo Civil separa en su resolución a la ministra de la dirigente política, y lo razona así: «Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política y, en el contexto global de la entrevista, en la parte controvertida se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno».
Sobre la entrevista en televisión, los magistrados separan los dos papeles que desempeñó Yolanda Díaz ante las cámaras. «La condición de ministra quedó limitada a la respuesta dada a determinadas preguntas que efectivamente guardaban relación directa con su cartera (el salario mínimo, las pensiones o la jubilación)», recoge el auto, preguntas que, añade, «nada tienen que ver con los hechos que han motivado la demanda».
Una demanda de 50.000 euros presentada el 21 de julio
Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta ante el Supremo el pasado 21 de julio por «intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal» y le reclamaba una indemnización de 50.000 euros por daño moral. Antes de llegar a la vía civil, el cantante había instado a Díaz, a través de su abogado, José Antonio Choclán, y mediante una petición de conciliación, a rectificar en público un mensaje que había publicado en redes sociales. El acto de conciliación se celebró el 19 de mayo y la ministra se negó a retractarse.
Las declaraciones que dieron origen al pleito son del pasado enero. Tras conocerse la denuncia de dos antiguas empleadas del artista, que decían haber sufrido supuestos abusos sexuales, agresiones y condiciones laborales que calificaban de explotación mientras trabajaron para él fuera de España, la vicepresidenta mostró su apoyo a las denunciantes, calificó de «escalofriantes» sus testimonios y habló de «abusos sexuales» y de una situación de «esclavitud».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional terminó archivando aquella denuncia al concluir que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar unos hechos presuntamente cometidos en el extranjero. El cantante ha negado desde el principio las acusaciones, y a la demanda contra la ministra se sumó otra contra el periódico que destapó el caso, cuando pasó a la ofensiva legal contra elDiario.es y su director. El frente judicial de las dos mujeres sigue abierto: el 3 de septiembre llevaron su caso a la Audiencia Nacional con una querella por presuntos delitos sexuales y de trata.