El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha fijado oficialmente para mayo de 2027 la celebración del juicio oral por la macrodemanda interpuesta por Antonio David Flores por presunta vulneración de su derecho al honor, a la propia imagen y a la reputación, según ha podido saber este medio en exclusiva. En el banquillo se sentarán Rocío Carrasco, Mediaset, la productora del documental e innumerables colaboradores. El excolaborador televisivo reclama una indemnización acumulada de 5.789.000 euros, cifrada también en 5,67 millones de euros según el escrito procesal inicial.
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Todos los investigados, obligados a comparecer en Málaga con abogado y procurador
Ante el elevado número de partes personadas y la trascendencia del litigio, el tribunal habilitará una macrosala para acoger a todos los implicados, un despliegue organizativo que evoca las dimensiones de las vistas del histórico ‘Caso Malaya‘. La cita judicial se ha señalado con amplia antelación con el objetivo explícito de impedir que las defensas puedan acogerse a aplazamientos o dilaciones indebidas, y Antonio David Flores exige además la responsabilidad solidaria de todos los codemandados.
Por ello, todos los investigados deberán comparecer presencialmente en la sede judicial de Málaga asistidos de abogado y procurador, previéndose una repercusión mediática de enorme escala por el desfile de rostros televisivos ante el tribunal. Será la vista oral de un enfrentamiento en los tribunales que arrancó hace casi una década y que ha pasado por la vía penal, la laboral y la civil antes de llegar a la sala de Málaga.
De la querella de 2017 al veto televisivo tras la docuserie
El origen del enfrentamiento en los tribunales se remonta a 2017, fecha en la que Rocío Carrasco formalizó una querella contra Antonio David Flores acusándolo de un supuesto delito de maltrato continuado. El procedimiento permaneció bajo trámite judicial durante años, en paralelo a diversos litigios civiles por pensiones de alimentos. En marzo de 2021, Telecinco estrenó la serie documental biográfica ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, espacio en el que Carrasco ofreció públicamente su testimonio sobre el matrimonio y su posterior ruptura. El documento oficial de contabilidad de Mediaset de 2021 es bastante claro: 31.703.320 euros fueron pagos a La Fábrica de la Tele por un conjunto de programas entre los que figura ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.
A raíz del impacto social y mediático de la emisión, Mediaset rescindió de forma unilateral el contrato de Flores y prescindió fulminantemente de su trabajo en ‘Sálvame‘. A partir de ese momento, Flores sufrió un veto absoluto por parte de todos los medios de comunicación, que le cerró las puertas a volver a trabajar en televisión en contra de su propia voluntad profesional.
Durante 2023, la Justicia zanjó dos de los frentes judiciales clave a favor de Antonio David Flores. En la vía laboral, los tribunales declararon su despido nulo e improcedente, concluyendo que la cadena vulneró su derecho fundamental al honor y condenando al grupo televisivo a indemnizarle con 120.000 euros, sentencia que creó jurisprudencia al ser la primera vez que un Juzgado de lo Laboral introdujo conceptos relacionados con el Derecho al Honor. En la vía penal, los magistrados decretaron el sobreseimiento y archivo de la querella interpuesta en 2017 al constatar que no existían suficientes pruebas ni testigos que pudieran sostener la acusación de maltrato continuado.
De la absolución de 2025 a la retirada del documental
Rocío Carrasco llevó a su exmarido ante la Justicia acusándole de haberse declarado insolvente de manera fraudulenta para eludir el pago de las pensiones de manutención de sus hijos comunes, Rocío Flores y David Flores. En febrero de 2025, los tribunales absolvieron a Antonio David Flores de los delitos de estafa procesal y alzamiento de bienes, desvirtuando por vía de sentencia firme un asunto que había conformado el núcleo fáctico principal de la docuserie de Carrasco.
En mayo de 2025, el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga admitió a trámite la macrodemanda millonaria interpuesta por Flores contra la cadena, la productora, su exmujer y diversos periodistas y tertulianos, una macrodemanda de casi seis millones que condiciona su posible regreso a Telecinco. El 2 de diciembre de 2025, Mediaset retiró el documental de Rocío Carrasco de todas sus plataformas y soportes audiovisuales, inmediatamente después de conocerse la condena penal impuesta contra los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sancionados a 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación profesional y al abono de 200.000 euros de indemnización por un delito de revelación de secretos relacionado con Rocío Flores cuando esta era menor de edad.
Los recursos de Cornejo y Madrid ponen en riesgo ‘Malas Lenguas’ y ‘Directo al Grano’
En la actualidad, los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid mantienen recurrida su condena penal ante la Audiencia Provincial de Madrid, habiendo presentado sus recursos en este año 2026. La resolución de dicha apelación se encuentra pendiente y los pronósticos apuntan a que el fallo judicial se producirá antes de finales de este mismo año. La sentencia recurrida es la misma que precipitó la retirada del documental de Rocío Carrasco de todas las plataformas de Mediaset.
En el supuesto de que la condena adquiera firmeza penal, como señalan los indicios procesales, Cornejo y Madrid se verán forzados a cesar de inmediato en la producción de los formatos que tienen actualmente en antena en RTVE, ‘Malas Lenguas‘ y ‘Directo al grano‘, emitidos bajo el sello de su sociedad La Osa Producciones, denominación actual de la antigua La Fábrica de la Tele.
Lo que Antonio David Flores reclama a cada demandado
La demanda formaliza peticiones económicas individualizadas por el perjuicio continuado, daño emocional y menoscabo reputacional y profesional que Flores sostiene haber padecido. Este es el desglose por demandado, con su papel o condición en las emisiones y la cuantía económica solicitada, que en conjunto alcanza los 5.789.000 euros reclamados, cifrados también en 5,67 millones de euros según el escrito procesal inicial:
- Mediaset España y empresas del grupo, emisión continuada, cobertura y difusión de contenidos: 1.976.000 €
- Rocío Carrasco, protagonista de la docuserie e intervenciones públicas posteriores: 1.628.000 €
- La Fábrica de la Tele / La Osa Producciones, productora del documental (Óscar Cornejo y Adrián Madrid): 1.560.000 €
- María Patiño, periodista y presentadora: 283.475 €
- Carlota Corredera, presentadora del documental y programas vinculados: 281.000 €
- Jorge Javier Vázquez, presentador del formato: 207.000 €
- Montse Suárez, abogada y colaboradora jurídica: más de 202.000 €
- Kiko Hernández, colaborador televisivo: cerca de 170.000 €
- Paloma García-Pelayo, periodista y colaboradora: más de 157.000 €
- Laura Fa, periodista y colaboradora: 153.700 €
- Miguel Frigenti, colaborador televisivo: más de 134.000 €
- Belén Rodríguez, colaboradora televisiva: 119.000 €
- Alonso Caparrós, colaborador televisivo: 92.325 €
- Marc Giró, colaborador (por las opiniones vertidas tras la emisión): 38.400 €
- Isabel Rábago, periodista y colaboradora: 34.200 €
- Kike Calleja, periodista y colaborador: 24.600 €
Asimismo, la periodista y profesora Ana Bernal-Triviño figura expresamente entre los acusados e investigados en el expediente de la macrodemanda judicial. Uno de los pilares jurídicos centrales de la macrodemanda reside en la exigencia de condena solidaria para todos los demandados. Mediante esta figura del derecho procesal, los letrados de Antonio David Flores buscan asegurar que, en el supuesto de estimación judicial, cada uno de los condenados pueda verse compelido a responder económicamente del importe global si alguna de las partes no pudiera hacer frente a su cuota particular. De este modo, la acusación conjuga la imputación de conductas individuales con el aseguramiento del cobro íntegro del daño tasado.