El presidente de RTVE, José Pablo López, anunció este martes en el Senado que propondrá al Consejo de Administración de la Corporación mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión, de manera que la decisión definitiva sobre el festival de 2027 queda pendiente de que ese órgano la tramite.
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«Anuncio que propondré al Consejo de Administración mantener la suspensión»
López compareció durante la mañana de este martes en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades, ante los portavoces de los distintos grupos en el Senado, y fue allí, preguntado por la posición de la televisión pública ante la próxima edición del festival, donde dejó por escrito su intención. El presidente sostuvo que «nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento de pueblo palestino sin una condena rotunda ante lo que es una tragedia humana intolerable», y defendió que la posición de la Corporación «siempre ha sido firme» y que «no nos hemos puesto de perfil». En esa misma respuesta afirmó que durante todo este año RTVE ha liderado «de manera activa una exigencia de regeneración ética» dentro de la organización de la UER y que la Corporación ha luchado «para que se endurezcan las normas y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del festival», unas cuestiones que, según dijo, se han conseguido gracias a su grupo.
El propio López puso el límite a ese balance al reconocer que no va a «maquillar la realidad» y que la Corporación es «plenamente consciente de que no se han conseguido todos los objetivos», antes de señalar que le resulta doloroso «que Israel siga participando en la organización». De ahí salió la frase que fija la posición de la televisión pública para los próximos meses: «Constatamos avances pero asignaturas pendientes. Por eso, anuncio que propondré al Consejo de Administración mantener la suspensión de la participación en Eurovisión». La fórmula que utilizó es una propuesta, no un acuerdo cerrado: el propio presidente situó el punto final en el Consejo de Administración, y la tramitación en ese órgano es la que decidirá si España se queda fuera por segundo año consecutivo.
Un festival con las normas cambiadas a medias
España llegaba a esta comparecencia sin haber dado a conocer su posición sobre el festival, después de que la UER modificara parte de sus normas y estableciera que el certamen no se podrá celebrar en países en conflicto. Ese cambio es el que López puso en el haber de la gestión de RTVE cuando habló de normas endurecidas y de neutralidad en los patrocinios, y es también el que se queda corto respecto de lo que la Corporación reclamaba, porque la permanencia de Israel en la organización del festival sigue siendo, en palabras del presidente, una asignatura pendiente. La distancia entre lo conseguido y lo exigido es el argumento con el que el presidente sostiene ahora su propuesta de no concursar.
La edición de 2027 tiene sede y fechas fijadas: se celebrará en Burgas, en Bulgaria, los días 11, 13 y 15 de mayo de 2027. Si el Consejo de Administración respalda la propuesta de su presidente, España no tendrá representante sobre ese escenario ni concursará en una final que se disputará dentro de menos de ocho meses. La decisión afecta únicamente a la participación, que es lo que López puso encima de la mesa en el Senado, y queda pendiente de la tramitación en el órgano de Gobierno de la Corporación, que es quien tiene la última palabra sobre el asunto.
Eurovisión no fue el único frente de la comparecencia
Las preguntas de los portavoces se centraron sobre todo en asuntos de actualidad, y una buena parte de la sesión giró en torno a la tensión entre parte de los trabajadores y la Corporación, que Sierra Caballero, diputado de Sumar, describió como una situación que se ha ido acrecentando en los últimos meses. López negó ese crecimiento de la crisis y respondió que «RTVE es una empresa pública, pero que nadie olvide que es una empresa y los números tienen que cuadrar», y añadió que todo lo que se salga de ahí «no es defender la televisión pública, sino puro voluntarismo político». El presidente retó al grupo a traer una proposición de ley con dos puntos: que la tasa de reposición no se aplique a RTVE, de modo que «se podrá contratar todo el personal que considere la presidencia», y que se aporten todos los recursos necesarios.
En esa misma respuesta, López dijo que lamentaba «romperle el relato» al diputado y recordó que lleva veintidós meses al frente de la Corporación y que en ese tiempo solo una organización sindical, CGT, ha convocado paros de una hora, mientras mostraba un cartel en el que cifraba el seguimiento en «un 1,96%». El presidente cerró el capítulo laboral reprochando a los grupos que se dejen llevar por los titulares sobre la crisis en la Corporación, sosteniendo que los objetivos de la huelga no se cumplieron y calificando de «una falta de respeto a los trabajadores» que se traiga a la comisión «el mantra de la externalización cuando todos están trabajando».
De dónde viene la suspensión
El movimiento de este martes llega después de un verano de plazos y de concesiones parciales. En septiembre contamos que España se quedaba sin representante si RTVE no firmaba antes del martes, con veintitrés países que ya habían asegurado su presencia, y meses antes la organización del certamen había dado a la Corporación solo una parte de lo que reclamaba, cuando se aprobó que los países en guerra ya no podrán organizar el festival desde 2027 pero seguirán compitiendo. Esa concesión a medias es la que López describió en el Senado como avances con asignaturas pendientes.
El calendario, en todo caso, ya no es el mismo que el de aquellas semanas de plazos: con la sede adjudicada y las tres galas fijadas para mayo, lo que queda por resolver es un trámite interno de la Corporación. El presidente ha puesto la propuesta encima de la mesa del Consejo de Administración y ha dejado la posición pública fijada con sus propias palabras, de modo que el siguiente movimiento no corresponde ya ni a la UER ni al Gobierno, sino al órgano de gobierno de RTVE, que es quien tiene que pronunciarse sobre si España concursa o no en la edición de 2027. Hasta que eso ocurra, la participación española sigue formalmente suspendida y sin representante previsto.