El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión impuesta a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano de Julio Iglesias, por un delito contra la Hacienda Pública con el que dejó de ingresar 19,6 millones de euros en el impuesto de sociedades de 2001, tras la venta de unos terrenos en el distrito madrileño de Vicálvaro. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación de su defensa y mantiene el fallo que la Audiencia Provincial de Madrid dictó en noviembre de 2023.
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Una multa de 9,8 millones y la devolución de lo defraudado
La sentencia, fechada el 16 de septiembre y de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente Segura, conserva íntegras las consecuencias económicas de la condena. Además de la pena de prisión, Carlos Iglesias deberá abonar una multa de 9,8 millones de euros, equivalente a la mitad de la cuota evadida, e indemnizar a las arcas públicas con los 19,62 millones que dejó de tributar más los intereses de demora, una suma que ronda los 30 millones de euros. Durante Cuatro años perderá asimismo la posibilidad de recibir ayudas o de beneficiarse de incentivos fiscales, y la resolución declara a la sociedad Rolimpa Trading Corporation responsable civil subsidiaria en caso de impago por parte del condenado.
La defensa había recurrido al considerar vulnerados su derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, y su principal baza ante el alto tribunal pasaba por anular la causa alegando la quiebra del secreto profesional de su antiguo abogado panameño, cuyas declaraciones y documentos resultaron decisivos durante la instrucción. La Sala responde que esa garantía existe para defender al cliente y no para proteger la preparación de artificios fiscales ni para exigir un pacto de silencio entre los implicados, y que, al haber sido contratado el letrado precisamente para diseñar la red de sociedades, sus revelaciones sobre hechos propios eran válidas. Los magistrados entienden, por ello, que las conclusiones de la sentencia de instancia son razonadas y razonables.
Unos solares comprados por 600.000 euros y vendidos por más de 46 millones
Según los hechos probados, Carlos Iglesias actuaba como gerente de Rolimpa, sociedad constituida en Panamá en 1984 que en 1989 había adquirido unos terrenos en Vicálvaro por algo más de 600.000 euros y que en 2001 los vendió a dos cooperativas de viviendas por 7.700 millones de pesetas, unos 46,27 millones de euros. La sociedad no presentó declaración ni efectuó ingreso alguno por el impuesto de sociedades de ese ejercicio, en el que debía haber tributado 19.624.655 euros, y las cooperativas compradoras abonaron el precio en una cuenta del Banco Continental de Panamá a nombre de otra corporación en la que el hermano del cantante figuraba como autorizado.
El tribunal rechaza que tener el domicilio fiscal fuera de España exima de tributar en territorio español, puesto que Rolimpa tenía aquí su inmovilizado. De esa obligación respondía Carlos Iglesias, que era quien tomaba las decisiones y que, para ocultar su identidad como obligado tributario, utilizó empresas interpuestas, un paraíso fiscal como era Panamá en aquella época e instrumentos fiduciarios. Días antes de la firma vendió formalmente las acciones de la matriz a otra mercantil panameña, pero la justicia ha dado por probado que siguió controlando el dinero de la operación.
La Fiscalía pidió cuatro años de cárcel en el juicio de 2023
Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, Carlos Iglesias, dos años más joven que el intérprete, se negó a declarar y rehusó pactar una rebaja de pena con la Fiscalía de Madrid, que mantuvo su petición de cuatro años de prisión y una multa de 9,8 millones de euros. En su turno de última palabra denunció: «No merezco el trato que he tenido». La Audiencia lo condenó en noviembre de 2023 a seis meses de cárcel, la pena que ahora ratifica el Supremo.
A finales de septiembre, la Sala de lo Civil del mismo tribunal inadmitió por falta de competencia la demanda por intromisión en el derecho al honor que Julio Iglesias había presentado contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que reclamaba una indemnización de 50.000 euros por sus declaraciones de enero, y remitió el caso a los tribunales de instancia.