La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para el futbolista Álvaro Aguado. El exjugador del Espanyol está acusado de una presunta agresión sexual cometida contra una trabajadora del club catalán en la Discoteca Opium de Barcelona. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público reclama una indemnización total de 65.000 euros para la víctima por daños morales y secuelas psicológicas.
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Los hechos bajo investigación habrían ocurrido la madrugada del 24 de junio de 2024. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el deportista de 28 años habría llevado a la mujer al baño masculino del citado local nocturno. Allí, presuntamente, mantuvo relaciones sexuales no consentidas a pesar de la negativa explícita de la víctima, quien se encontraba en un «estado de shock» y pidió en reiteradas ocasiones que se detuviera.
La instrucción judicial, que se reactivó el pasado mes de octubre, ha recopilado diversos elementos que la magistrada considera indiciarios. Entre ellos destacan el testimonio de la denunciante —calificado como sincero a pesar de poseer solo recuerdos fragmentados por la ingesta de alcohol—, el informe forense, declaraciones de testigos y mensajes de WhatsApp intercambiados tras el suceso.
La versión del futbolista y las medidas cautelares
Durante el proceso de instrucción, Álvaro Aguado reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la denunciante, pero ha sostenido en todo momento que estas fueron consentidas. Debido a la contradicción en las versiones, el juzgado dictaminó una fianza de 5.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles.
En la actualidad, el futbolista se encuentra en libertad provisional a la espera de la apertura del juicio oral. El caso presenta una particularidad laboral: mientras que Aguado dejó de pertenecer a la disciplina del Espanyol el 30 de junio de 2025 al no ser renovado, la presunta víctima continúa trabajando en la entidad deportiva.
Solicitudes adicionales del Ministerio Público
Además de los nueve años de cárcel y la compensación económica (repartida en 55.000 euros por daño moral y 10.000 por secuelas), la Fiscalía ha solicitado medidas de control post-penitenciario en caso de condena:
- Libertad vigilada durante un periodo de 10 años tras salir de prisión.
- Una orden de alejamiento de 1.000 metros y prohibición de comunicación con la denunciante durante ocho años adicionales.
La causa señala que la víctima padece un trastorno por estrés postraumático derivado de los hechos y continúa recibiendo tratamiento especializado.