La defensa de la familia de Edwin Arrieta ha pedido que se bloqueen los fondos con los que Daniel Sancho estaría costeando gastos personales en la prisión tailandesa de Surat Thani, en el caso de que se confirme que dispone de ellos, y ha recordado que el condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano todavía no ha abonado ninguna cantidad de la indemnización que le impuso la justicia.
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Ospina Abogados investigará si los gastos atribuidos a Sancho en prisión son ciertos
El despacho Ospina Abogados, que representa a los padres y a la hermana de Arrieta, ha reaccionado a la información sobre la vida del hijo del actor Rodolfo Sancho en la cárcel con una valoración en la que deja abierta la posibilidad de actuar en los tribunales: «Nosotros desconocemos si esos hechos son ciertos o no. Pero, en cualquier caso, de ser ciertos, nos parecería escandaloso y no estaríamos en absoluta sintonía con ello. Haremos nuestras indagaciones para saber si es cierto, porque, de ser verídico, nos gustaría que esos fondos se bloquearan, ya que Daniel Sancho no ha pagado todavía ni un solo euro de la indemnización que se le impuso. Es la única valoración que podemos hacer respecto a la familia Arrieta».
La reacción del bufete llega a raíz de lo difundido en el programa Fiesta, de Telecinco, según el cual Sancho dispondría de más de 1.200 euros al mes, enviados por su padre o por amigos, que emplearía en completar la comida de la prisión con arroz y pollo y, sobre todo, en comprar hielo para darse baños de frío dos veces al día con los que recuperarse de los entrenamientos de muay thai. «Además de la comida de prisión, estaría comprando arroz, pollo y, sobre todo, está gastando mucho dinero en hielo», aseguró el programa, que describió al condenado como alguien que «está sorprendentemente bien físicamente y tiene la cabeza muy centrada» y que dedica el resto del tiempo a la lectura y al estudio de la legislación tailandesa.
Uriarte condiciona el indulto real al reconocimiento del asesinato y al pago
Beatriz Uriarte, la letrada que lidera la defensa de los Arrieta, ha descartado asimismo que los movimientos judiciales del equipo de Sancho vayan a mejorar su situación y ha sostenido que, para optar al indulto, el condenado tiene que dar tres pasos que hasta ahora no ha dado: «Lo que tiene que hacer si quieren el perdón del Rey es algo que todavía no han hecho: reconocer los hechos, pedir perdón y pagar la indemnización. Que reconozca que ha sido un asesinato premeditado y que los hechos que se han reflejado en la sentencia tengan una consecuencia que es esa cadena perpetua».
La abogada se refirió también al recurso con el que la defensa de Sancho, encabezada por Marcos García Montes, intenta que el Tribunal Supremo tailandés anule la confirmación de la condena. «De todos los movimientos que han hecho, al final ninguno ha tenido sus frutos. Hemos escuchado que su recurso tenía más de 400 páginas, 400 páginas que no han servido para absolutamente nada», afirmó Uriarte, para quien «lo único que va a servir es el perdón a la familia de Edwin Arrieta». La deuda pendiente con los padres del cirujano asciende, según la defensa de la familia, a 106.000 euros.
Condenado en 2024 y trasladado desde Koh Samui
Sancho fue condenado el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Provincial de Samui a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Arrieta, cometido en agosto de 2023 en la isla de Phangan, y al día siguiente fue trasladado a Surat Thani desde la cárcel de Koh Samui, su destino desde la detención, pese a que había pedido cumplir allí la condena. El pasado 25 de septiembre, Tailandia desestimó su petición de un nuevo juicio, y ese mismo día la familia Arrieta le pidió en un comunicado un perdón sincero.
Días después, la defensa del condenado acudió al Tribunal Supremo de Tailandia para que anulara la confirmación de su cadena perpetua, con el argumento de que el tribunal de apelación de Phuket no era imparcial, porque el director general de los jueces de esa misma región habría supervisado la sentencia de primera instancia. La defensa reclama que otra región estudie de nuevo la apelación, y el alto tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la petición.