El análisis de la historia audiovisual y los procesos judiciales más mediáticos del siglo pasado ha vuelto a situarse en la primera línea de la programación televisiva dominical. El espacio de investigación Anatomía de…, producido por Atresmedia para la laSexta, ha reconstruido de forma pormenorizada los entresijos del proceso penal por presunto fraude fiscal al que se enfrentó la mítica artista Lola Flores en la década de los ochenta. La emisión ha contado con las declaraciones exclusivas de dos de los máximos responsables institucionales de aquella etapa: el exsecretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, y el encargado de sostener la acusación pública en las salas de justicia, el fiscal Luis Jordana de Pozas, quienes arrojaron luz sobre la supuesta intencionalidad ejemplarizante de la Administración.
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La entrega del formato conducido en la segunda cadena de Atresmedia centró su desarrollo analítico en esclarecer si la tonadillera fue víctima de un ensañamiento deliberado por parte de las arcas públicas o si, por el contrario, supuso la consecuencia lógica de un plan sectorial de regularización.
Ante esta disyuntiva, Josep Borrell se mostró categórico al negar cualquier tipo de instrucción política orientada a perseguir la figura de la cantante, rememorando el instante exacto en el que su equipo le notificó la apertura del expediente de inspección técnica.
En el marco de su comparecencia en el programa de televisión, el veterano político socialista desveló la absoluta indiferencia con la que acogió la noticia en su despacho ministerial. Las declaraciones íntegras del exministro aclaran el procedimiento de gestión de la época: «Cuando me dijeron que había una célebre cantante folclórica que había aparecido en las listas de los que no habían presentado declaración, me encogí de hombros». Con el fin de blindar el rigor organizativo del organismo público frente a las especulaciones de la prensa del corazón, el propio mandatario defendió la neutralidad del sistema de inspección aseverando textualmente que ir a por un contribuyente concreto está «incluso prohibido por las normas de la gestión tributaria».
Por su parte, el periodista e investigador Dani Cervera aportó la lectura contextual de la pieza periodística, desgranando los errores de percepción en los que incurrió el entorno de la folclórica ante la consolidación de la incipiente democracia española. Según el criterio del analista, la intérprete de La Zarzamora «no supo medir el cambio histórico que vivía España y que no había tratos de favor y que todo el mundo era igual». De este modo, la arraigada convicción social de impunidad que confería el estatus de ser «la Lola de España» colisionó de forma frontal contra las estructuras de una Agencia Tributaria decidida a demostrar la paridad obligacional de la ciudadanía ante la ley.
La instrumentalización de la imagen pública para edificar la conciencia fiscal
La tesis de la neutralidad defendida por la cúpula del ministerio fue matizada con extrema lucidez por el propio representante del Ministerio Fiscal en el litigio. Luis Jordana de Pozas ratificó en el plató de laSexta que la desatención de las obligaciones fiscales por parte de la investigada constituía una infracción plenamente acreditada y objetiva en los tribunales, dado que la artista acumulaba un decenio completo sin cumplimentar sus obligaciones fiscales. El fiscal consideró dicha conducta como algo «incuestionable» en el plano legal, pero no eludió el debate sobre el indudable rédito social que deparó la exposición mediática del banquillo de los acusados.
El acusador público admitió de forma directa la capitalización propagandística que las oficinas de recaudación ejecutaron a costa del sufrimiento de la jerezana, declarando textualmente: «Yo creo que sí se utilizó su imagen para crear conciencia fiscal. No la buscaron, pero les vino bien». Lejos de enmendar o censurar esta apreciación del jurista, Josep Borrell admitió el impacto pedagógico que el proceso penal de la artista, a la que se reclamaba una deuda histórica de 48 millones de pesetas, inoculó en la masa de contribuyentes del Estado. Al ser cuestionado sobre este fenómeno de adoctrinamiento civil, el político sentenció con crudeza: «Si fue así, pues hay que alegrarse».
El espacio de investigación de Anatomía de… complementó la reconstrucción cronológica recordando que el caso de Lola Flores no supuso un hecho aislado en la estrategia de comunicación corporativa de las administraciones públicas de la transición. Durante aquellos ejercicios fiscales, el Gobierno central instrumentalizó de forma sistemática la proyección de grandes mitos del espectáculo y el cine de variedades, promoviendo campañas de inspección y concienciación que afectaron a rostros de la relevancia de Sara Montiel, Lina Morgan o la exvedette Bárbara Rey. El objetivo final pasaba por fijar de manera indeleble en el imaginario colectivo el mensaje institucional de que el sostenimiento de los servicios públicos constituía un mandato ineludible para todas las capas de la sociedad española.