Según publica en exclusiva la revista «Lecturas», lo que comenzó como una separación ejemplar el pasado verano de 2025 ha derivado en un enfrentamiento que podría convertirse en judicial. Kiko Rivera ha solicitado formalmente la custodia compartida de sus hijas, Ana y Carlota, rompiendo el pacto verbal que mantenía con Irene Rosales y sumiendo su relación en una tensión que ya es evidente en el día a día.
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La aparente cordialidad entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha saltado por los aires tras 13 años de unión y apenas siete meses después de anunciar su ruptura. Aunque ambos aseguraron en agosto de 2025 que su prioridad sería el bienestar de sus hijas, la realidad en marzo de 2026 es un divorcio que apunta a ser contencioso. Según ha revelado el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, el detonante ha sido la decisión del DJ de solicitar la custodia compartida el pasado mes de enero, invalidando el acuerdo de visitas que permitía a las menores residir de forma estable con su madre.
Esta maniobra legal habría provocado una fractura total en la comunicación de la expareja. «Ya no son amigos ni quedan para tomar café», ha asegurado Pliego en el espacio ‘El tiempo justo’, señalando que la entrada de las nuevas parejas de ambos en la ecuación ha tensionado aún más la cuerda. Mientras Irene mantiene una relación desde octubre con el empresario Guillermo Famin, Kiko confirmó en diciembre su historia de amor con la artista Lola García.
De la «separación ejemplar» a los juzgados
La frialdad entre ambos se hizo patente hace unos días durante la recogida de las niñas en el colegio, donde la estampa fue calificada de tensa a pesar de intentar guardar la compostura frente a las pequeñas. El conflicto se habría agravado cuando Kiko designó a su actual pareja, Lola García, como persona autorizada para recoger a sus hijas, un gesto que Irene no habría recibido de buen grado.
Lo que inicialmente se iba a tramitar con un único abogado para ambos ahora contará con defensas separadas ante un juez. Las redes sociales, sin embargo, muestran una realidad paralela: tanto Kiko como Irene se esfuerzan por exhibir lo integrados que están sus respectivos nuevos acompañantes con las menores, mostrando una complicidad que contrasta con la «guerra» legal que podría avecinarse.