La Audiencia de Valencia ha autorizado este 30 de julio a Rafa Mir a fijar su residencia en Grecia, donde el delantero continuará su carrera en el Aris de Salónica, pese a estar condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual. El tribunal exige al futbolista que acuda una vez al mes al consulado español en la ciudad griega mientras se resuelve su recurso.
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La autorización judicial y sus condiciones
La decisión, confirmada este jueves por fuentes oficiales tras ser adelantada por Las Provincias, permite a Rafa Mir abandonar el territorio nacional para instalarse en Salónica sin que ello suponga un incumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso judicial que lo condena. El tribunal valenciano ha aceptado así la solicitud presentada por el jugador, hasta ahora vinculado contractualmente con el Sevilla FC, y establece como condición ineludible que el futbolista se persone mensualmente en el consulado español de la ciudad griega para firmar, un mecanismo de control habitual en casos de autorización de residencia en el extranjero durante la tramitación de un recurso.
La condena que pesa sobre Rafa Mir la dictó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que consideró probado que el futbolista, cuando pertenecía al Valencia CF, agredió sexualmente y causó lesiones a una joven en la noche del 31 de agosto de 2024, en su domicilio de Bétera, tras conocerse previamente en un local de la ciudad. En la misma sentencia, el tribunal impuso una pena de dos años y medio de cárcel a un segundo futbolista acusado de agredir sexualmente y lesionar a otra joven, amiga de la primera víctima, en los mismos hechos.
El fichaje por el Aris de Salónica, cada vez más cerca
El movimiento hacia Grecia no es una sorpresa de última hora: Estadio Deportivo ya había avanzado que el delantero murciano había recibido la autorización de pasaporte necesaria para poder jugar en el extranjero, y Las Provincias situaba al jugador «a un paso» de firmar por el conjunto heleno. Con la autorización judicial de residencia ya en la mano, ese fichaje pasa de ser una posibilidad a una operación prácticamente cerrada, y el Aris de Salónica se perfila como el destino que pondrá fin a la etapa de Rafa Mir en el fútbol español, al menos mientras dure la incertidumbre sobre su situación judicial.
El de Cartagena había barajado otras alternativas antes de decantarse por Grecia: tanto el Mallorca como la UD Las Palmas sonaron como posibles destinos, aunque ambas opciones se descartaron con rapidez a medida que avanzaban las conversaciones con el club griego. La salida le viene bien, además, al director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, que sigue trabajando para aligerar la masa salarial de una plantilla en la que el grupo de jugadores apartados queda ahora reducido a Gattoni, Cardoso, Jordán y Pedrosa, este último también sondeado por el Deportivo aunque con la opción de Angeliño ganando fuerza en las últimas horas para ese fichaje.
El recurso de Rafa Mir y su defensa en redes sociales
La sentencia que condena a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión no es firme: el pasado mes de junio, el futbolista anunció a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que presentaría recurso contra el fallo. En ese mensaje sostuvo que en el proceso judicial «se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración», cuestionando así que el tribunal hubiera tenido en cuenta la totalidad del material aportado durante la instrucción y el juicio oral.
El jugador añadió en ese mismo vídeo que «mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales», y agradeció el respaldo recibido de su entorno más cercano en un momento especialmente delicado de su carrera. Cerró su mensaje asegurando que «ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso», una frase que cobra ahora un significado distinto con la autorización para trasladarse a Grecia: mientras esa justicia resuelve su recurso, Rafa Mir podrá seguir compitiendo, esta vez a las órdenes del Aris de Salónica y bajo la obligación de firmar cada mes ante el consulado español. Ya contamos con detalle cómo la Audiencia fijó entonces una orden de alejamiento de diez años y una indemnización que suma 64.000 euros entre ambas víctimas.