El sector audiovisual andaluz se enfrenta a uno de sus episodios más oscuros tras la apertura de un juicio en Sevilla contra el máximo responsable de la empresa encargada de poner en antena el mítico formato de televisión Andalucía Directo en Canal Sur. Una reportera de la plantilla ha denunciado formalmente a su superior jerárquico, Gustavo Fuentes Aguilar, acusándole de presuntos delitos de agresión sexual, acoso continuado y de hacerle la vida imposible en el entorno de trabajo. El escándalo salpica de lleno a la cúpula de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), la principal proveedora externa de contenidos de la RTVA y una compañía con capital de la propia Junta de Andalucía.
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La denuncia, que se interpuso originalmente a principios de año, ha provocado que el juez cite al consejero delegado en calidad de investigado para esclarecer unos hechos que rompen el blindaje corporativo de la firma. La trabajadora ha aportado un arsenal de pruebas documentales para respaldar su testimonio ante el juez de violencia sobre la mujer, destapando las supuestas dinámicas internas que se consentían en los despachos de la delegación de la empresa.
Entre el material que ya custodia la secretaria judicial destacan 175 páginas de conversaciones de WhatsApp repletas de comentarios subidos de tono y proposiciones explícitas por parte del directivo. Las frases, que ya han sido completamente cotejadas por el juzgado, evidencian un presunto abuso de poder continuo aprovechando la total dependencia laboral de la víctima.
«Cariño, tengo ganas de ti»
El contenido de las comunicaciones de texto deja al descubierto el lenguaje soez que el jefe de la productora supuestamente empleaba de forma sistemática para presionar a la redactora fuera del horario de las grabaciones. El goteo de insinuaciones forzadas minó la salud mental de la empleada durante meses.
«Tú me debes una noche loca»
Tres agresiones sexuales en Barbate, Zahara de los Atunes y la capital
El relato que la reportera defendió ante el juez detalla tres episodios concretos de extrema gravedad que coinciden con coberturas informativas y desplazamientos de la empresa. Según consta en la denuncia, las presuntas agresiones sexuales se ejecutaron de forma escalonada en los años 2013, 2022 y 2023, aprovechando escenarios como los municipios gaditanos de Barbate y Zahara de los Atunes, además de la propia sede central de Sevilla. La víctima asegura que el rechazo continuado a estas encerronas provocó que su jefe iniciara una campaña de castigo profesional, dejándola sin funciones y aislándola por completo de sus compañeros de redacción.
Para apuntalar la veracidad de la acusación, la defensa de la periodista ha puesto sobre la mesa SIETE declaraciones juradas firmadas por antiguos directivos y extrabajadores de la productora ADM. Estos testimonios confirman que las conductas inapropiadas y las broncas por motivos de sumisión sexual eran un secreto a voces dentro de la compañía, una corporación público-privada controlada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de la sociedad Sandetel.
El juzgado ya ha tomado declaración a la reportera y ha ordenado la citación de varios testigos presenciales, además de encargar un examen médico forense para evaluar el nivel de daño psicológico y el trauma que arrastra la trabajadora a consecuencia de los años de acoso vividos en la televisión autonómica.
El jefe de la productora se defiende alegando una campaña de mentiras
Por su parte, Gustavo Fuentes ha asumido públicamente su delicada posición en los tribunales pero se ha defendido con uñas y dientes ante los medios de comunicación. El consejero delegado de la empresa andaluza niega de forma categórica el relato de la empleada, asegurando que se trata de una maniobra de venganza laboral y que dispone de datos contundentes para demostrar que todo es falso en la vista oral.
El alto cargo de ADM insiste en que tiene la conciencia muy tranquila y que fue él mismo quien solicitó poner en marcha las herramientas internas de la empresa para investigar los hechos en cuanto tuvo conocimiento del lío legal. Su declaración ante el juez, que estaba programada para las semanas previas, se ha tenido que aplazar a finales del mes de junio tras formalizar un cambio de abogado en su equipo de defensa.
La crisis de reputación estalla en un momento crítico para Canal Sur, que tiene en este programa vespertino su formato más reconocible y el principal motor de sus datos de audiencia diarios. Las acusaciones contra el CEO abren una grieta enorme en los planes comerciales del grupo audiovisual, obligando al operador público a vigilar de cerca el desarrollo de una causa que amenaza con desatar una tormenta interna en los pasillos de San Juan de Aznalfarache, demostrando que los trapos sucios del sector ya no se quedan guardados en los camerinos.