La Policía del Valle del Támesis ha reconocido este jueves que las órdenes con las que registró en febrero dos residencias de Andrés Mountbatten-Windsor, en Sandringham y en Royal Lodge, se concedieron de forma incorrecta, y un juez del Tribunal Superior británico ha declarado su anulación durante una vista privada, aunque ha advertido de que esa decisión no pone fin a la investigación penal sobre el hermano del rey Carlos III.
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La Policía admite que pidió las órdenes con una disposición legal inadecuada
El reconocimiento se ha producido en la vista celebrada ante el Tribunal Superior a raíz de la revisión judicial que el expríncipe interpuso contra la actuación policial, y en ella el magistrado Nicholas Hilliard indicó que las órdenes ya habían quedado anuladas tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del exduque de York y la Policía del Valle del Támesis. Los permisos los había emitido el Tribunal Penal Central de Londres, conocido como Old Bailey, antes de la detención del 19 de febrero, y la propia policía ha admitido que la decisión inicial de concederlos fue incorrecta porque los agentes, al solicitarlos, se ampararon en una disposición legal que no era la adecuada.
Un portavoz del cuerpo lo expresó en estos términos: «Aceptamos que la decisión inicial del tribunal de emitir las órdenes en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta y, por lo tanto, estas deben ser anuladas legalmente». La misma fuerza policial, que hasta ahora había defendido que los registros formaban parte de una investigación en curso, ha asegurado que esa investigación seguirá adelante, mientras el juez Hilliard subrayó que la anulación «no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación fuera ilegal».
El material incautado en Sandringham y Windsor queda pendiente de otro procedimiento
Tras la resolución de este jueves continúan los procedimientos judiciales que deben decidir cómo se gestiona el material requisado durante los registros y si la policía puede conservarlo legalmente para respaldar sus pesquisas. La reclamación del expríncipe sostenía que los agentes no solo se llevaron documentación relacionada con la investigación sobre su presunta conducta indebida como representante comercial del Reino Unido, sino también objetos personales, material privado y confidencial que, según su defensa, nada tenía que ver con el proceso, y fue ese hallazgo el que le llevó a contratar a sus abogados.
En caso de que su demanda prosperase, la policía tendría que devolver todo lo incautado tanto en Sandringham como en Royal Lodge, su antigua vivienda en Windsor. En paralelo, su defensa ha cuestionado también la información que se facilitó al tribunal para obtener las órdenes y el acceso a determinados documentos judiciales relacionados con el caso, extremos sobre los que la vista de este jueves no se ha pronunciado.
Detenido el día de su 66 cumpleaños y sin cargos ocho meses después
El hijo de Isabel II fue arrestado el 19 de febrero, el mismo día en que cumplía 66 años, como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, ante la sospecha de que habría compartido documentos gubernamentales confidenciales con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial británico, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Aquella mañana, al menos seis vehículos policiales llegaron a las ocho a Sandringham y, tras ser interrogado bajo advertencia, quedó en libertad bajo investigación, mientras los registros de sus propiedades se prolongaron hasta el 24 de febrero, según confirmó la policía.
La investigación penal arrancó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara millones de documentos relacionados con el fallecido financiero. Hasta el momento no se le ha imputado ningún cargo, y el expríncipe niega haber cometido delito alguno, aunque ha llegado a admitir que lamenta su amistad con Epstein. En la actualidad reside en Wood Farm, una de las casas de la finca de Sandringham, a la espera de que concluyan las obras de Mash Farm, donde está previsto que se instale de forma definitiva.
El rey le ha vetado pagar la demanda con su asignación
La batalla judicial llega días después de que el palacio de Buckingham dejara claro que no financiará la demanda contra la policía. El exduque recibe una asignación anual, de cuantía no precisada, procedente de los fondos privados de Carlos III, y se le habría advertido de que ese dinero no puede destinarse a sufragar las costas de la revisión judicial.
El escándalo llevó al monarca a iniciar el 30 de octubre de 2025 el proceso formal para retirar a su hermano los títulos, los honores y el tratamiento de príncipe, tras lo cual pasó a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor y tuvo que abandonar Royal Lodge para trasladarse a una vivienda de la finca de Sandringham. Su arresto en febrero por la presunta filtración de información a Epstein sumió a la familia real británica en una de sus peores crisis de los últimos noventa años.