El ecosistema mediático y judicial contiene el aliento ante la última y demoledora actualización de un caso que ha conmocionado a la opinión pública. Un año después de que la Justicia canaria iniciara las pertinentes diligencias por las lesiones de la hija de Anabel Pantoja y el fisioterapeuta David Rodríguez, el informe forense definitivo emitido por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas ha arrojado una luz sumamente sombría sobre el origen de los hechos, colocando directamente al padre de la menor en el centro de la diana de la investigación judicial.
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El relato de los hechos nos traslada a una jornada que comenzó como una estampa familiar normal y terminó en la Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Las conclusiones médicas obtenidas por los peritos judiciales determinan de forma taxativa que el cuadro clínico con el que ingresó la menor es plenamente compatible con un «zarandeo violento». La fecha del presunto suceso ha quedado fijada en el calendario el 9 de enero de 2025, un día en el que la pareja se encontraba con el bebé en el centro comercial Mogán Mall.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos de la que se ha hecho eco el periodista Fran Fajardo, la menor fue trasladada de urgencia esa misma tarde en primera instancia a la Clínica Roca para ser inmediatamente derivada, dada la gravedad de la situación, al hospital de referencia de la isla. Las alarmas de los facultativos saltaron de inmediato al observar la gravedad del estado de la pequeña, lo que obligó al centro sanitario a remitir un parte de lesiones directo al juzgado de guardia para esclarecer la raíz del daño.
Frente a la contundencia de las conclusiones de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia, la versión que ofreció el progenitor ante la magistrada instructora se tambalea por momentos. En su declaración, el fisioterapeuta argumentó que se encontraba a solas con su hija en el interior de un vehículo mientras la colaboradora televisiva realizaba unas compras en los establecimientos de la zona. Siempre según sus palabras, el bebé comenzó a encontrarse mal y a manifestar serias dificultades para respirar, momento en el que él intentó asistirla administrándole una serie de supuestos cachetes de auxilio. Una maniobra de reanimación improvisada que contrasta frontalmente con la violencia del mecanismo de sacudida que describe el dictamen de los forenses de Las Palmas.
Guerra de informes periciales para tratar de dilatar el foco temporal
El peso del dictamen del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas ha forzado a los equipos jurídicos de la pareja a mover fichas técnicas de cara al proceso judicial. La defensa legal de los padres ha procedido a la presentación de varios informes periciales alternativos firmados por especialistas privados con los que pretenden contrarrestar el demoledor dictamen público. La estrategia pasa por difuminar la autoría ensanchando la ventana temporal en la que pudieron originarse las lesiones.
Una de estas contraperitajes médicos determina que los daños sufridos por el bebé se produjeron en una horquilla de entre 24 y 72 horas antes de que se desencadenara la crisis respiratoria en el coche. De validarse esta hipótesis por el juzgado de instrucción, la autoría de los hechos se volvería difusa, complicando de manera extrema la posibilidad de fijar con absoluta certeza penal el contexto exacto y la persona que se encontraba a cargo de la menor en el instante preciso de la agresión. El debate médico está servido en los despachos, pero la Fiscalía mantiene la presión sobre el entorno más directo.
La cautela y la parsimonia de la que han hecho gala las instituciones forenses responde exclusivamente a criterios de estricta necesidad clínica. Los especialistas integrados en la unidad de protección a la infancia han aguardado pacientemente un año completo para la firma del veredicto definitivo por cuestiones estrictamente neurológicas. Las consecuencias y secuelas derivadas de un traumatismo o de un síndrome de agitación en lactantes solo pueden ser evaluadas con rigor técnico comprobando el desarrollo madurativo de la niña a medio plazo.
La Fiscalía solicita prorrogar una instrucción judicial de alto voltaje
Con las cartas boca arriba y el informe oficial señalando la incompatibilidad de las declaraciones de los investigados, el proceso judicial se adentra en una fase decisiva. La Fiscalía ha solicitado de manera formal a la magistrada al frente del caso una prórroga de la instrucción con el fin de seguir practicando diligencias urgentes, analizar en profundidad toda la documentación médica aportada y citar a declarar a los facultativos implicados en el seguimiento de la pequeña.
Mientras tanto, la presión mediática en torno a la sobrina de la tonadillera y el fisioterapeuta andaluz alcanza cotas insostenibles. Las imágenes felices de la pareja en las festividades andaluzas de las semanas previas contrastan de manera drástica con la crudeza del documento judicial que acaba de ver la luz en el archipiélago canario. La decisión final sobre si el caso avanza hacia la apertura de un juicio oral o si se aceptan las dudas planteadas por los peritos de la defensa queda en manos de la judicatura, en lo que ya se califica como uno de los procesos más dolorosos del panorama judicial.
El escrutinio sobre el entorno familiar directo de la menor será absoluto durante las próximas semanas, en las que el juzgado deberá dirimir si archiva la causa respecto a la madre o si mantiene a ambos progenitores bajo sospecha. La gravedad de las conclusiones del forense no deja margen de maniobra a interpretaciones ambiguas en las portadas de la prensa del corazón.