La Audiencia Provincial de Madrid ha sido testigo del tenso reencuentro entre Kiko Matamoros y Makoke, quienes se enfrentan a graves peticiones de cárcel por un presunto delito de alzamiento de bienes. Sin embargo, un giro inesperado debido a un «exceso documental» ha obligado a suspender la vista, postergando el desenlace de uno de los conflictos económicos más mediáticos de la crónica social que también salpica a Javier Tudela.
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Una puesta en escena marcada por la frialdad y el apoyo familiar
La jornada comenzó con una puesta en escena que reflejaba perfectamente la ruptura total entre la expareja. Makoke llegaba a la sede judicial escoltada por su pareja actual, Gonzalo, y su hijo, Javier Tudela, quien es una pieza clave al residir en la vivienda familiar objeto del litigio. Con un semblante serio y oculta tras unas gafas de sol, la colaboradora evitó entrar en detalles ante la prensa, aunque previamente había manifestado que el proceso le produce «muchísima vergüenza». Minutos después hacía su entrada Kiko Matamoros, visiblemente más relajado, quien incluso utilizó sus redes sociales para declarar que estaba «satisfecho» con el comienzo de un proceso donde espera que «prevalezca la verdad».
El «exceso documental» que dinamitó la sesión en el último minuto
Sin embargo, la estrategia de las defensas dio un vuelco justo antes de que el juez tomara la palabra. La sesión tuvo que suspenderse debido a lo que Matamoros definió a su salida como un «exceso documental». Según explicó el colaborador, una de las partes aportó una prueba de gran volumen solo 24 horas antes del inicio del juicio oral, lo que impidió que la Fiscalía pudiera analizar la información con el rigor necesario. «La Fiscal la ha recibido hoy por la mañana y, como es normal, no ha tenido tiempo de entrar a valorarla», declaró Kiko, lamentando la suspensión porque su deseo es cerrar este capítulo definitivamente.
Penas de cárcel y una deuda millonaria en el centro del conflicto
El trasfondo de esta batalla legal es de una gravedad extrema. La Fiscalía acusa a Kiko Matamoros de orquestar una estrategia para evadir sus deudas con la Agencia Tributaria, manteniendo un nivel de vida de lujo mientras ocultaba su patrimonio real. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para él cinco años y medio de prisión y el pago de 636.000 euros. Por su parte, Makoke se enfrenta a una petición de cuatro años y tres días de cárcel, señalada como «cooperadora necesaria» en este presunto fraude al haber permitido, supuestamente, que propiedades y gastos se pusieran a su nombre para evitar la acción del fisco.
La negativa a pactar y el nuevo horizonte del 17 de abril
A pesar de la tensión y de haberse sentado a escasos centímetros en el banquillo sin cruzarse la mirada, Matamoros se ha mostrado contundente al asegurar que no existe posibilidad de acuerdo amistoso. El colaborador sostiene que «la verdad es una» y que el tránsito del dinero está documentado, insistiendo en que en su día propuso vender una de las propiedades para liquidar las deudas, algo a lo que no se accedió. Con este escenario de bloqueo, el juzgado ha fijado el próximo 17 de abril como la fecha para retomar la vista y decidir el futuro de los protagonistas.