La familia Franco, con Carmen Martínez-Bordiú a la cabeza, ha recibido una nueva y demoledora notificación judicial que complica su estrategia de defensa institucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por la Fundación Nacional Francisco Franco, que buscaba paralizar de forma inmediata el proceso de extinción e ilegalización impulsado por el Ministerio de Cultura. Esta decisión supone un nuevo golpe para los nietos del dictador, que ven cómo el procedimiento administrativo avanza sin los frenos de emergencia que sus abogados intentaron activar para proteger el patrimonio y la existencia de la entidad.
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La Justicia rechaza la urgencia de los Franco
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha determinado que no concurren las circunstancias de «especial urgencia» para adoptar una decisión sin escuchar antes a la otra parte, el Estado. Los magistrados consideran que continuar con el proceso no genera perjuicios irreparables de forma inmediata, permitiendo que la ilegalización siga su curso natural bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el tribunal ha accedido a abrir una pieza separada para estudiar una posible suspensión por la vía ordinaria, este movimiento otorga un margen de diez días al Abogado del Estado para presentar alegaciones, manteniendo la presión sobre la familia.
Un asedio judicial tras la pérdida del Pazo de Meirás
Este revés llega en un momento de extrema debilidad para los hermanos Martínez-Bordiú, quienes recientemente sufrieron la pérdida definitiva del Pazo de Meirás por orden del Tribunal Supremo. La Fundación Franco sostiene en su recurso que la ilegalización vulneraría sus derechos fundamentales a la libertad de expresión e ideológica, argumentando que su labor se limita a una «interpretación histórica» y no a la apología de la dictadura. Sin embargo, la justicia española parece decidida a aplicar la normativa que persigue a las entidades que menoscaben la dignidad de las víctimas del franquismo, situando a la organización en un callejón sin salida legal.