La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella que dos extrabajadoras presentaron contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El magistrado instructor Antonio Piña cita además a las dos querellantes a declarar, de forma presencial, el próximo 3 de febrero.
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Piña deja fuera la trata y los delitos contra los trabajadores
El auto, firmado por el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, admite solo en parte el escrito contra Julio Iglesias, que llegó al juzgado el 3 de septiembre. La parte dispositiva acuerda «admitir a trámite la presente querella al objeto de investigar los hechos que podrían constituir delitos contra la libertad sexual, así como delitos de lesiones (art. 148 CP) y trato degradante (art. 173.1 CP)», y en el mismo apartado el juez resuelve «no admitir la querella respecto del delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP) y de los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 y ss. CP)», las otras dos imputaciones que también recogía el escrito.

Sobre la trata que la querella atribuía a Julio Iglesias, el magistrado razona que el relato no presenta indicios suficientes y recuerda que una de las querellantes fue contratada por la vía ordinaria, «mediante una oferta pública en una red social». En cuanto a los delitos contra los trabajadores, el auto descarta investigarlos porque la legislación de Bahamas y de República Dominicana carece de un tipo penal semejante: el país caribeño, según la resolución, sitúa esas conductas en la normativa administrativa y laboral, con multas, y no las califica como delito, un requisito que la ley española exige para perseguir hechos cometidos fuera del territorio nacional.
Lesiones y trato degradante, solo desde octubre de 2021
La admisión llega con un segundo límite. Los presuntos delitos de lesiones y trato degradante que se investigarán a Julio Iglesias quedan circunscritos a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, «salvo que formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito», tal y como precisa el auto. El instructor apoya la apertura de la causa en los indicios aportados por las querellantes y considera que el testimonio de una de ellas constituye «un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal», sin que esa valoración prejuzgue el resultado de la instrucción.
Entre la prueba documental que acompaña a la querella contra Julio Iglesias figura una fotografía de una de las trabajadoras en la que se aprecia un moratón en un brazo, una lesión que sería, según recoge la resolución, «compatible con haber sido agarrada con fuerza». La misma imagen muestra dos marcas en un muslo que, según la resolución, «podrían corresponderse» con una mordedura y que, según la querella, estarían relacionadas con los presuntos actos de contenido sexual que denuncian. Las dos mujeres han propuesto además pruebas testificales, que el juzgado podrá practicar en el momento procesal oportuno.
Sin testigos protegidos y con una advertencia sobre la credibilidad
El magistrado concluye que, con los problemas procesales que él mismo enumera, el relato pormenorizado de la querella y el principio de prueba aportado «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad». La admisión a trámite abre la fase de instrucción contra Julio Iglesias, que no ha sido condenado ni juzgado por estos hechos, y el juez ha fijado para el 3 de febrero de 2027 la declaración presencial de las dos exempleadas en la sede del tribunal.
Piña rechaza también la petición de las querellantes de figurar en la causa como testigos protegidos, al entender que no han alegado ningún elemento que lo justifique. El auto recuerda que esa medida exige que la autoridad judicial aprecie «racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes» de quien la solicita o de sus familiares, conforme a la ley de protección de testigos y peritos de 1994. No ha trascendido por ahora ninguna reacción del cantante ni de su defensa al auto de admisión.
Una empleada del hogar y una fisioterapeuta, por hechos de 2021
Las querellantes son una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para el artista, y los hechos que relatan se habrían producido en 2021 en sus residencias de Punta Cana, en República Dominicana, y de Lyford Cay, en Bahamas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero su denuncia por «falta de jurisdicción»; las dos mujeres presentaron después la querella directamente en el juzgado, defendidas por abogadas de Women’s Link, la organización que había impulsado aquella primera denuncia.
En octubre, el fiscal Vicente González Mota concluyó que este tribunal sí es competente, como sostenían las letradas con el principio de extraterritorialidad para delitos de un ciudadano español fuera del país. Cuando se conocieron las acusaciones, en enero, a raíz de una investigación periodística que recogió el testimonio de quince exempleadas que trabajaron para él entre 1990 y 2023, Julio Iglesias difundió un comunicado en el que rechazó los hechos que se le atribuían, y por esas mismas fechas había encargado su defensa a un despacho penalista ante el avance de la Fiscalía.
